La Región ve difícil que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes tengan instalados a finales de este año los contenedores marrones destinados exclusivamente a la basura orgánica, que deberán recoger por separado en 2022, según establece el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos contaminados que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de mayo. Si el texto legislativo remitido al Congreso sale aprobado con el calendario propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica, los municipios con menos de 5.000 habitantes estarán obligados a implantar el quinto contenedor en 2024.
El proyecto de ley que establece el calendario para la entrada en vigor de la recogida separada de residuos añadirá el contenedor marrón a los cuatro que ya están instalados en las calles para el papel, los metales y el plástico, el vidrio y los residuos orgánicos, y para otro tipo de materiales, como el aceite de cocina usado.
La implantación del quinto contenedor constituye un reto para los ayuntamientos de la Región, que deben dotarse de medios para la recogida y el reciclaje de los restos orgánicos que en este momento se tiran al contenedor verde, junto con otro tipo de productos que ya no podrán compartir la bolsa de basura con los desperdicios de la comida, como la tierra de las mascotas, la cerámica de los platos rotos o las prendas de algodón. En la Región sólo se ha instalado el contenedor marrón en el barrio murciano de La Flota, dentro de un proyecto experimental destinado a conocer la respuesta de los vecinos, que ya está a punto de concluir.
Los ayuntamientos esperaban que esta nueva obligación no entraría en vigor hasta 2023, pero la ley presentada por Teresa Ribera ha adelantado su introducción.
Fuentes de la compañía Cespa, que gestiona la recogida de la basura en el municipio de Murcia, indicaron que la instalación del quinto contenedor «será gradual» y se irá estableciendo por zonas.
Por su parte, el Consorcio de Recogida de Residuos de la Región, que agrupa a 40 ayuntamientos y depende de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, considera «inviable» el cumplimiento del calendario establecido por el Ministerio, según indicaron fuentes del Departamento de Antonio Luengo.
Los únicos que no están en el Consorcio son Murcia, Cartagena, Águilas, Pliego y Alhama.
La Consejería defiende que «para afrontar este reto la inversión necesaria en toda la Región supera en mucho los 15,3 millones asignados a Murcia con los fondos estatales PIMA-Residuos para el periodo 2021-2023. Si realmente queremos afrontar este reto, la financiación debe ser muy superior y utilizar los fondos Next Generation, estableciendo plazos reales para alcanzar este objetivo».
Ademas de recoger y tratar por separado los restos de comida, la ley también establece que los textiles, los residuos domésticos peligrosos y voluminosos deberán recogerse por separado en 2025. Los residuos de construcción y demolición deberán clasificarse por materiales, preferentemente en el origen, a partir de 2022 y la demolición deberá ser selectiva a partir de 2024. Además, a partir del 1 de enero de 2023 queda prohibida la distribución gratuita de envases de plástico de un solo uso, que deberán cobrarse al consumidor en el tique de venta.
