La Asamblea Regional tampoco logró ayer ponerse de acuerdo para solventar los casos de violencia obstétrica que se producen en la Comunidad y que han salido a la luz en las últimas semanas. Pese a que el PSOE llevó una moción sobre el «trato digno a las mujeres durante el proceso de interrupción voluntaria del embarazo o forzada por cuadros de malformaciones fetales u otros problemas graves de salud», al final la cámara terminó aprobando una enmienda a la totalidad de los grupos parlamentarios del Partido Popular, Ciudadanos y Vox a dicha moción.
La diputada socialista Lara Hernández puso sobre la mesa que 170 mujeres al año de todos los puntos de la Región se ven «expulsadas» de la sanidad pública en Murcia cuando sufren un problema de este tipo. «A estas mujeres se las abandona desde el mismo momento en el que se les da la noticia de que sus bebés tienen una serie de problemas muy graves, incompatibles con la vida. Se las deja completamente solas y en un momento de vulnerabilidad emocional», explicó.
Además, señaló al propio consejero de Salud, Juan José Pedreño, que «reconocía por respuesta escrita que no existe ningún control sobre la calidad asistencial que se da a estas mujeres. Las situaciones que han vivido, y que relatan sobre estas clínicas, nos ponen los pelos de punta, y cuesta mucho creer que algo así pase en pleno siglo XXI», apuntó.
La diputada socialista subrayó que «nadie del Gobierno regional ha hablado con las afectadas, ha pedido disculpas o ha presentado su dimisión».
La enmienda a la totalidad sobre la violencia obstétrica que sí aprobó la Asamblea «no pone en duda la profesionalidad de los sanitarios» del Servicio Murciano de Salud, señalaba el portavoz del Grupo de Cs, Francisco Álvarez.
La enmienda insta al Consejo de Gobierno a ofrecer acompañamiento psicológico a todas las mujeres antes, durante y después del proceso del aborto, a promover al mejora de los protocolos hospitalarios «que faciliten la información a la madre antes de iniciar cualquier procedimiento», a garantizar la salud ginecológica y la «libertad personal de toda mujer en los procesos de embarazos, parto o aborto», así como a «continuar trabajando en el desarrollo de protocolos» que garanticen un «trato adecuado y digno». También instan a «procurar que todos los tratamientos obstétricos que la ley exija dispensar» sean ofrecidos en la sanidad pública.
María Marín, de Podemos, apeló a la «responsabilidad de las 22 mujeres que se sientan en la Asamblea» y acusó a los dirigentes de la Región de ser «los que impiden» que las mujeres ejerzan sus derechos por motivos ideológicos.
