El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía Superior de la Región de Murcia investigar si las autoridades regionales murcianas envían a mujeres embarazadas que desean abortar a otras comunidades autónomas.
En el escrito enviado a la fiscalía esa Oficina recuerda que la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada por las Cortes, por lo que los poderes públicos están obligados a garantizar su cumplimiento.
Y añade que es preciso exigir el cumplimiento de esa normativa en vigor, "sin trabas ni excusas".
