La empresa murciana Terra Fecundis asegura que ha cotizado "en todo momento" a la Seguridad Social española los más de 80 millones de euros que reclama Francia en el juicio por un presunto fraude en la contratación de trabajadores iniciado este lunes en un juzgado de Marsella.
En un comunicado, la compañía de trabajo temporal con sede en Murcia subraya que "todos y cada uno de los desplazamientos se han llevado a cabo dentro del derecho de libre circulación de trabajadores en la UE, con pleno respeto de las normativas sobre prestación transnacional de servicios".
Terra Fecundis, demandada en el país galo por "trabajos no declarados en banda criminal y negociar con mano de obra" al usar presuntamente de modo fraudulento las cláusulas europeas que permiten a las empresas trabajar con personal extranjero siempre que sea para períodos cortos de tiempo, sostiene que todos los desplazamientos de temporeros a Francia se han realizado con el certificado de la Seguridad Social española.
También afirma que un país comunitario, en este caso Francia, "no puedo oponerse a los desplazamientos previamente autorizados por las autoridades laborales españolas, como ahora pretende la justicia francesa".
Para la firma murciana, "se trata en todo caso de una cuestión de derecho comunitario y de interés puramente económico, por la cual Francia pretende que los 80 millones de euros ya cotizados ahora sean pagados de nuevo y con recargos, cuestión ante la que Terra Fecundis se opone rotundamente ya que durante todos estos años ha cotizado en España siguiendo los mandatos legales y jurisprudencia comunitaria que la ampara, cuando los desplazamientos de los trabajadores sean de carácter temporal".
La Justicia acusa a la empresa murciana de usar de modo fraudulento las cláusulas europeas de trabajadores desplazados que permiten a las empresas trabajar con personal extranjero siempre que sea para períodos cortos de tiempo.
Teniendo en cuenta que el 80 % del trabajo de esta empresa se situaba en Francia, Terra Fecundis tendría que haber abierto una sede en el país y atenerse al código laboral francés, según las autoridades galas.
La acusación civil, constituida por un organismo de la Seguridad Social, empresas de interinos y sindicatos, asegura que se trata del mayor caso de fraude al sistema de protección social juzgado en Francia y reclama 80 millones de euros a la empresa, la cantidad eludida, más 30 millones por el retraso de los pagos.
