Resignados al cambio. Las autonomías del Levante, junto a las organizaciones agrarias y comunidades de regantes no esperan una sorpresa de última hora en la segunda votación que lleva a cabo el Consejo Nacional del Agua para la modificación de las reglas de explotación del trasvase mediante real decreto. De los 101 miembros que tienen derecho a voto en este consejo, el Ministerio cuenta con el apoyo de la mayoría de organismos estatales o autonómicos que dependen del Gobierno central, por lo que no habrá cambios con respecto a la primera vuelta.
Anoche se cerró el plazo de tiempo dado a los representantes para que emitieran su voto por escrito y con alegaciones, un sistema de participación que han criticado las organizaciones agrarias en la Región. Con todo, en los próximos días se conocerán los resultados, aunque ayer varias fuentes consultadas apuntaban al cambio de opinión de algunos miembros del consejo, especialmente entre los representantes de los gobiernos autonómicos, aunque su voto en contra alineándose con la postura del Levante no será suficiente.
El cambio en las reglas del trasvase mediante real decreto acabaría por rebajar, siempre que existan condiciones hidrológicas excepcionales, los envíos de agua a la cuenca del Segura en el nivel 2, pasando de 38 hectómetros cúbicos a 27. De estos, el regadío se quedaría con 19,5 hm3 y perdería nueve, mientras que las aportaciones destinadas al consumo humano se quedarían en 7,5 hm3. El mayor escenario del trasvase, las aportaciones mensuales de 60 hm3 cuando los embalses de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) se encuentran en nivel 1, permite trasvasar 60 hm3 pero con los nuevos requisitos las existencias conjuntas en ambos embalses deben ser igual o superiores a 1.400 hm3, un escenario que no se suele dar, pero que supone un aumento de 100 hm3 respecto al mínimo exigido en la actualidad.
Hasta ayer por la tarde el Ministerio para la Transición Ecológica no tenía intención de frenar la votación del consejo, algo que había solicitado tanto Murcia y Andalucía como la Comunidad Valenciana, y también el Sindicato Central de Regantes.
A partir de aquí las organizaciones agrarias con derecho a voto (Coag, Asaja y Upa) reclaman más diálogo al Ministerio para la Transición Ecológica. Precisamente este punto entró en el encuentro que mantuvieron los dirigentes de las tres organizaciones el pasado martes con Teresa Ribera, donde se reclamó a la vicepresidenta que para las políticas de agua haya un mayor consenso.
Las propias organizaciones plantean que, una vez secundado el cambio en las reglas de funcionamiento del acueducto, de cara a la elaboración del Plan Hidrológico del Tajo se minimice el «impacto» que supone la rebaja de envíos de caudales a la cuenca del Segura, que, como estima el Scrats y las comunidades, se pasaría a recibir hasta 130 hm3 menos de agua al año si se suman también los efectos de los cambios planteados por el real decreto que se votó hasta ayer. Entre los últimos argumentos esgrimidos se encuentra en que para cumplir con los caudales ecológicos que se planteen para el Tajo, se utilicen los caudales de las aguas depuradas de Madrid. Pero que cualquier cambio en este aspecto dentro del plan hidrológico debe contar con los implicados en ambas cuencas.
Las comunidades señalan que «no existe ningún argumento técnico que dé certificado de validez» a la propuesta del Ministerio y consideran que cualquier subida de los caudales ambientales «será un ataque directo al agua que necesitan los regantes de Murcia, Valencia y Andalucía». Transición Ecológica siempre ha defendido que los cambios en las reglas de explotación conllevarán una estabilización de los envíos por el acueducto.
