Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana llevarán a los tribunales los recortes al Trasvase previstos por el Ministerio con la modificación de las reglas de explotación que reduce de 38 a 27 hectómetros cúbicos los desembalses en el nivel 2 y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo. La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollá, que ayer se reunió en la sede del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) con su homólogo murciano, Antonio Luengo, aseguró que en el momento en que se formalicen en un decreto los cambios en la normativa vigente «se activarán todas las medidas judiciales».

La Generalitat Valenciana se suma así a las iniciativas conjuntas en defensa del Acueducto que han adoptado los gobiernos del PP de Murcia y Andalucía. La Comunidad Autónoma ha interpuesto ya nueve contenciosos contra las decisiones del Ejecutivo de la nación, según recordó ayer el consejero murciano. Luengo celebró «el acercamiento de la Comunidad Valenciana en un momento trascendental como el que nos encontramos, cuando el futuro del Trasvase está gravemente amenazado y necesitamos la unión de las regiones afectadas para defender con más fuerza los derechos de agricultores y consumidores».

Antes de reunirse con el presidente del (Scrats), Lucas Jiménez, la consejera valenciana dejó claro que Murcia, Andalucía y Valencia «son una única voz en defensa del Trasvase, sin fisuras y con una defensa férrea a favor del Acueducto; que le quede claro al Gobierno de Castilla-La Mancha y al Estado», destacó Mollá.

Las tres comunidades han firmado un escrito dirigido al Consejo Nacional del Agua y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que paren la votación del jueves sobre el cambio en la regla de explotación, ya que «estamos en un momento crucial de planificación hidrológica», recordó la consejera valenciana. A su juició, «no existe ningún argumento técnico que dé certificado de validez» a esa propuesta y considera que cualquier subida de los caudales ambientales «será un ataque directo al agua que necesitan los regantes de Murcia, Valencia y Andalucía».

Luengo recordó que la propuesta de aumentar los caudales ecológicos «conllevaría una disminución de alrededor de 80 hectómetros cúbicos al Levante y no se puede permitir». Un incremento, insistió, «que no beneficiaría a nadie, no hay ni un solo regante de Castilla-La Mancha que vaya a disfrutar de ese agua»,

Mollá añadió que que «si hay algún presidente que dice que el río es una porquería es porque se está permitiendo en esas comunidades que el río no reciba un agua limpia. El problema del río no son los caudales ecológicos, ni los regantes, ni nada técnico, sino que es una cuestión política».