Trabajadores del penal de Sangonera se concentraban este lunes por la mañana en apoyo a un compañero, al que un interno agredió brutalmente este fin de semana, hasta romperle la nariz. Los funcionarios quieren que se les reconozca como agentes de autoridad e insisten en que necesitan más medios, humanos y materiales, y un salario acorde a los riesgos que sufren entre los muros de la prisión, indican desde el colectivo Tu abandono me puede matar.

El recluso, que está en prisión preventiva desde hace unos dos meses acusado de robar un móvil, fue, tras el ataque, llevado a un módulo de aislamiento, un castigo que será temporal.

Según explicaron testigos de la agresión, sobre el mediodía del sábado, cuando los reos van a dormir la siesta, el preso intentó llevarse comida del comedor a su celda, algo que está prohibido. Cuando los funcionarios le dijeron que eso no lo podía, hacer, se puso agresivo, tiró la bolsa contra la pared, se abalanzó contra los trabajadores (dos, un hombre y una mujer), comenzó a pegarles y dio un cabezazo a uno de ellos, al que fracturó la nariz.

Dos ordenanzas intervinieron entonces y pudieron reducirlo. El herido fue llevado al Virgen de la Arrixaca de Murcia, el hospital más cercano.

El preso, de origen senegalés y cuyas iniciales son D. T., ha sido trasladado a un módulo de aislamiento, aunque desde el penal piden que lo lleven a un centro con más medidas de seguridad, debido a lo su carácter agresivo.

Preguntado por este diario, el secretario de Organización de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), el murciano Fran Mauri,  insiste en que los funcionarios «pedimos más medios, más protección» para hacer frente a los sucesos de carácter violento que se producen entre los muros del penal, una situación agravada, desde 2020, por la tensión existente ante el temor que hay de contagiarse de coronavirus.

Incidió en que tanto en Sangonera como en Campos del Río, la cárcel más grande de la Región, los trabajadores están bajo mínimos, dado que faltan medios humanos y materiales, falta formación y, sobre todo, urge que se reconozca a estos funcionarios de prisiones como agentes de autoridad.