El Consejo Jurídico de la Región ha introducido algunas correcciones en el borrador de decreto por el que se regula el régimen jurídico de la vivienda protegida de promoción privada en la Región y destaca especialmente que la VPO solo puede ser promovida por empresas privadas, pero no por la Administración. Recuerda que las viviendas promovidas por las instituciones «son de promoción pública».
Este órgano consultivo del Gobierno regional remite a las consideraciones que realizó el Consejo Económico y Social (CES) hace meses al analizar un borrador anterior del decreto de la Consejería de Fomento y señala que deben suprimirse los artículos 4 y 11 del texto para «excluir a las administraciones públicas y demás integrantes del sector público».
El Consejo Jurídico explica que en el texto «se define a ‘las viviendas protegidas de promoción privada’ como ‘las promovidas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en cualquiera de las modalidades de promoción previstas en este decreto’». Deja claro que el artículo 29 de la ley de 2015 dice que «tendrán la consideración de promoción pública aquellas viviendas que sean promovidas por una administración pública o por entidades del sector público» para evitar la confusión.
El CES había lamentado que la Consejería se olvidara de regular las viviendas de promoción pública, pero en el nuevo borrador aparecen las modalidades pública y privada en el mismo saco.
El Consejo Jurídico también pide a la Consejería que unifique los requisitos exigidos a los beneficiarios con discapacidad.
