Si el progreso moral y social del mundo se midiera en función del porcentaje de activos socialmente responsables que gestionan las entidades financieras, deberíamos convenir que caminamos en la dirección correcta. Quizá no a la velocidad que quisiéramos, pero sin duda avanzamos hacia una realidad donde los valores más luminosos interpretan un papel protagonista y donde se penalizan las actitudes y los proyectos que no suman para conservar lo que tenemos y conquistar un futuro mejor.
Un buen ejemplo de cómo ha cristalizado esta tendencia es la tercera Convocatoria Solidaria BBVA Futuro Sostenible ISR con la que esta entidad entrega una donación que este año suma un millón de euros para impulsar hasta 23 proyectos solidarios. El plazo de la convocatoria se abrió el pasado 21 de enero y finaliza el próximo 15 de marzo. Cualquier entidad del tercer sector pueda participar siempre que presente un proyecto enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y que específicamente esté orientado a la inclusión social, la dependencia, mayores y salud o medio ambiente.
El diario La Opinión y BBVA, con la colaboración de la Universidad de Murcia, organizaron esta semana un ‘webinar’ para abordar estos asuntos y que contó con la participación de Juan Carlos Hernández, responsable comercial territorial para Fondos de Inversión y Planes de Pensiones BBVA; Longinos Marín, director de la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia; Inmaculada Vélez, miembro de la Asociación para la Integración de las Personas con Discapacidad Intelectual (CEOM) y Elena Díaz, directora general del Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, (Feycsa).
Juan Carlos Hernández inició su intervención asegurando que en BBVA, tanto el grupo como el área de Asset Management (gestión de activos), lleva más de 20 años trabajando con la sostenibilidad, aunque reconoce que en los últimos años se ha intensificado esa apuesta. Tanto es así que el compromiso de esta entidad es «mover» cien mil millones de euros hasta el año 2025 vinculados a proyectos de transición energética o al alineamiento de carteras de crédito hacia los objetivos de cambio climático del Acuerdo de París. Además, BBVA ahondará en su adhesión a los proyectos de la ONU impulsando estrategias de lucha contra la pobreza y de impulso a proyectos de educación de calidad o igualdad.
El fondo Futuro Sostenible, con un patrimonio superior a los 1.300 millones de euros, es, según el responsable de BBVA, un producto «relativamente conservador», con un 30 por ciento de la cartera en renta variable.
Uno de los objetivos, en la unidad de gestión de activos, es unir «todos estos criterios de sostenibilidad a la vez que damos una buena rentabilidad al cliente», explicó Hernández que aseguró que «lejos de ser una moda, lo que se ha demostrado es que dentro de una cartera de fondos de inversión o planes de pensiones cuando además de usar criterios de inversión clásicos (filtros de rentabilidad, riesgo o selección de activos), se incorporan criterios ISR las rentabilidades son aún mejores».
Proyectos solidarios
Jardín Inclusivo fue uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria solidaria de BBVA en 2020, y fue lanzado por Astrapace con la asistencia de Feycsa. La directora general del Centro Especial de Empleo, Elena Díaz, explicó que consistió en aprovechar un terreno en desuso de Zarandona del que disponían por la cesión de uno de los padres para hacer formación, «no sólo ocupacional sino de oficio». Esos terrenos fueron transformados en unas instalaciones homologadas para ser un centro de formación en jardinería, con certificado profesional. «Es en definitiva un proyecto de viabilidad empresarial», destacó Díaz. La gerente explicó que ya se venía trabajando en el vivero y en la planta pero hay «un salto enorme» entre la labor ocupacional y la creación de empleo: «Sostener un puesto de trabajo, aun contando con las ayudas públicas, es complicado». Por ello, tanto CEOM como Astrapace analizaron que las personas con una discapacidad severa (Síndrome de Down, parálisis cerebral, entre otros), tienen «un plus de dificultad» para acceder al mercado de trabajo y que ésa es la gran asignatura pendiente.
«No nos engañemos, hay una amplia población de personas con discapacidad que se nos queda atrás», aseguró Elena Díaz quien recordó que la UE entiende que ningún país que se precie de ser moderno o solidario pueda dejar atrás a nadie. Sobre Jardín Inclusivo, explicó que tiene el objetivo de convertirse en un centro de formación a nivel profesional para usuarios que podrían incorporarse a plantillas de empresas que se dedican a la jardinería y que son grandes contratistas de la Administración local. En este sentido recordó que la Ley de Contratación Pública tiene una cláusula social por la que se reserva un porcentaje de plazas para los centros especiales de empleo.
La representante de CEOM, Inmaculada Vélez, aprovechó su intervención para compartir los orígenes de este colectivo. Hace 30 años, gracias al impulso de un grupo de padres y madres con hijos con discapacidad intelectual se inició un proyecto que hoy cuenta con un Centro de Día, dos viviendas tuteladas, y un paquete de servicios, entre los que se encuentran los relacionados con la formación y el empleo, es en este último donde se encuadra el proyecto ganador de 2020 ‘Objetivo: Empleo Público’. El objetivo del plan fue facilitar el acceso al empleo público a las personas con discapacidad intelectual. La estrategia gira en torno a trabajo de una formadora que prepara a los alumnos para superar los criterios selectivos de cursos y oposiciones de ámbito público, específicos para las personas con discapacidad, tanto en el área teórica como en la práctica formativa de cara a sumar méritos. Aunque la metodología estaba orientada en un principio a actividades presenciales, la covid ha impuesto que parte de esa formación tenga que realizarse online. En este sentido, la técnico de CEOM ha agradecido la flexibilidad de BBVA ya que la adaptación del proyecto en un contexto de pandemia ha sido fundamental para que pueda desarrollarse. Aseguró Vélez que cada vez se suman más administraciones y hay más plazas de las personas con discapacidad que parten del Estado, la Comunidad Autónoma o el SMS entre otras. Actualmente, CEOM está preparando cuatro convocatorias.
Longinos Marín señaló en sus intervenciones que la Cátedra de RSC de la Universidad están inmersa en multitud de proyectos, pero en el ámbito de la inversión responsable destacó el trabajo que están haciendo Juan Samuel Baixauli, decano de la Facultad de Economía, y Luis Marín, director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF), la entidad que ofrece soporte financiero y público. «Ambos son unos locos de la inversión socialmente responsable», aseguró. Para el profesor Marín, cuando una persona invierte, lo que quiere es rentabilidad y piensa en el riesgo, «hoy el riesgo es más amplio, no sólo es que te engañen y se lleven el dinero, tenemos el riesgo del cambio climático por ejemplo». Para el profesor Marín, el inversor quiere garantías, invertir su dinero en proyectos que sean de fiar, que minimicen los riesgos sociales y medioambientales. «Invertir en proyectos responsables ya no es un acto de ‘buenismo’, en los últimos años aquellos fondos de inversión socialmente sostenibles y responsables han obtenido más rentabilidad que los que no lo son; la tendencia es imparable».
Tras escuchar la marcha de los proyectos solidarios, el responsable de Fondos de Inversión y Planes de Pensiones BBVA, agradeció el trabajo que se está haciendo, «esto es un círculo virtuoso, el año pasado se donaron más de 74.000 euros sólo en la Región de Murcia; aquí ganamos todos». Hernández cree que una de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia es que «nos ha hecho a todos más humanos, y nos ha unido, en todos los sentidos».
Los ponentes aseguran que queda mucho camino por recorrer pero que "la tendencia es positiva"
A la pregunta de cómo diferenciar a las empresas que acometen políticas reales de RSC de aquellas que solo lo aparentan, Longinos Marín reconoció que hace algunos años se abusó de la RSC, pero entiende que «ya se ha pagado el peaje del postureo». Para Marín, desde hace cinco o diez años, las empresas están trabajando seriamente en RSC y la sostenibilidad está en sus agendas, «ya no se utiliza la RSC para compensar lo que estabas haciendo mal, como muleta». Sí existe todavía, en opinión del profesor, «medias verdades». En este sentido remarcó el papel de las redes sociales, «tienen muchas cosas negativas, pero con ellas es muy difícil sostener una mentira y muy fácil que se penalice tu falta públicamente».
Para la gerente de Feycsa , Elena Diaz, es notorio que la sociedad es cada vez más sensible a la inclusión y a los colectivos que trabajan en el sector. Para Elena, la pandemia ha demostrado que la tendencia es real, «España y otros países de Europa han antepuesto el bienestar y la salud de la población, priorizando a los discapacitados, y han tenido que hacer muchos sacrificios económicos que jamás hubieramos imaginado; soy positiva en este sentido», argumentó.
También ve una tendencia positiva en los últimos años Inmaculada Vélez, de CEOM, pero entiende que queda mucho por hacer: «Hoy más que nunca necesitamos la conciencia y el compromiso de los agentes implicados».
«Nos queda un recorrido tremendo», concluyó Juan Carlos Hernández, que prevé que en unos años, un cuarto de los activos gestionados estarán bajo una perspectiva socialmente responsable, en no demasiados será un 50 por ciento y en un futuro no muy lejano, la totalidad, «porque habrá un momento en el que ningún banco o inversor se planteará invertir en una empresa que daña el medioambiente o que maltrata a sus empleados».
