A nivel técnico, está resultando imposible aplicar en el campo de Cartagena algunas medidas contempladas en el articulado de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. La obligatoriedad de instalar sensores de humedad y tensiómetros, la implantación de barreras vegetales o la elaboración de informes analíticos que registren parámetros como la humedad del suelo, la materia orgánica y el uso de fertilizantes está dificultando la adaptación de las fincas agrícolas a lo que exige la normativa de la laguna.
Tanto es así que, dependiendo de la superficie agraria en propiedad, cada agricultor de media lleva gastado 15.000 euros para lograr que su actividad y producción se adapten a la ley. Para explotaciones con mayor tamaño, desde que se aprobó la legislación, la inversión puede alcanzar el orden de 40.000 o 50.000 euros. Estos datos registrados por la organización agraria COAG evidencian para el sector la complejidad técnica que tiene el artículado de la normativa aprobada en julio del pasado año, y para ello piden soluciones.
Hasta ahora, señala Vicente Carrión, presidente de COAG Cartagena, la organización ha tenido encuentros con el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, e incluso con algunos dirigentes socialistas, para poner encima de la mesa las complejidades técnicas de la normativa. Los representantes del sector primario en el campo de Cartagena no se mostraron muy a favor de la aprobación de la ley tras el acuerdo que alcanzaron PP, PSOE y Cs, e incluso atacaron la norma alegando que no estaba sujeta a criterios científicos y técnicos. Meses después de salir adelante, remarcan ahora esa dificultad, por ejemplo, en la instalación de sistemas de monitorización por sensores, control y seguimiento de la fertilización por riego y para la medición del nitrógeno y el fósforo. «No todos los agricultores tienen acceso a esos dispositivos. Hablamos de un agricultor medio que no dispone de tantos recursos económicos».
La implantación de barreras vegetales o superficies de retención de nutrientes también genera dificultades. El 5% de cada explotación, sea en la zona 1 o 2 que delimita la ley la cuenca vertiente, debe estar destinado a un filtro verde, estructuras vegetales, cubiertas vegetales, biorreactores, etc. El ancho y su distancia de caminos o carreteras, así como de cunetas, pueden llegar a ‘robar’ varios metros cuadrados de terreno agrícola, señala COAG, pero su dificultad reside en los criterios a la hora de plantar estas barreras, que chocan en ocasiones con las limitaciones por tener vías de tránsito de vehículos cerca. A esto se le suma la «obligación de poner mallas antifauna en las barreras vegetales, ya que la ley te obliga a mantenerlas en buen estado de conservación, y se le suma la dificultad de tener plagas de conejos y roedores ahora».
Contratación de técnicos
La consultora asociada a la organización de COAG ha tenido que reforzar el personal de sus oficinas del campo de Cartagena para atender las dudas de los agricultores. Esto es «síntoma» de lo complicado que es la ley para aplicarla, señala Francisco Gil, secretario general de COAG. La contratación de técnicos o de los famosos operadores agroambientales por parte de los productores para que vigilen el cumplimiento de las medidas de la ley en las fincas también es «otro gasto que debemos tener en cuenta».
Desde COAG remarcan que, en respuesta a sus peticiones, tanto partidos como la Consejería de Agricultura dejan la puerta abierta a una modificación del artículado si se constata que es imposible ponerlo en práctica.
"El abono que uso es de todo menos barato para cumplir con los análisis"
«Esto es como un edificio en el que se ha roto el alcantarillado, y quien tiene que pagar el arreglo es el que vive en el primer piso». La metáfora de Salvador Mellinas, agricultor del campo de Cartagenas con varias fincas entre Los Urrutias y El Algar, viene a remarcar la inversión financiera para adaptarse a la norma. Cultiva, en función de la estación anual, lechugas, patatas y melones en distintas parcelas, y entre medias su gasto se ha visto incrementado por la compra de abonado «más sostenible que es de todo menos barato para cumplir con las analíticas que nos piden». Las limitaciones en el uso de fertilizantes provoca que «produzca menos cantidad», lo que genera «una pérdida económica progresiva».
En muchas explotaciones, señala, están contando cada día registros sobre el uso de abonado o de riego para realizar análisis y un seguimiento para «que no se escape nada», y esto implica la contratación de más personal que «lleve esos registros» como marca la ley. Las barreras vegetales que plantó ya llevan en su sitio al menos un par de años y contabilizando todo ese coste de plantación, más la adaptación a una norma «que choca con la realidad», Salvador calcula que habrá podido perder 150.000 euros. Le suma a esto la pérdida de una parcela que se sitúa dentro de la franja de los primeros 1.500 metros de la laguna, por lo que mantiene un cultivo de cereal que para él es ruinoso, pero que ha decidido destinarlo a una investigación que lleva a cabo la Consejería de Agricultura.
