Los municipios de la Región con menor renta, que son los que tienen más parados, más jubilados y una mayor población infantil, «son los que reciben menos recursos de la Comunidad Autónoma», según revela un estudio realizado por un grupo de investigación de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia (UMU). Los autores concluyen que «no se está realizando una buena política social» desde la Comunidad.

El estudio abarca desde 2009 a 2017, periodo en el que se han celebrado dos elecciones autonómicas, y se ha publicado en la revista Investigaciones Regionales-Journal of Regional Research.

Apunta que «los municipios de la Región que recaudan más impuestos propios reciben menos transferencias y subvenciones per cápita de la Comunidad, mientras que los municipios que más invierten se ven ayudados económicamente por el Gobierno regional». Los autores explican que la diferencias en el trato obedecen a que «la mayor parte de las inversiones que realizan los ayuntamientos están financiadas por la Comunidad a través de los llamados Planes de Obras y Servicios; es decir, los ayuntamientos realizan inversiones porque mayoritariamente están siendo financiados por el Gobierno regional».

Los investigadores critican que «la inversión realizada por los municipios o la tasa de paro, que resultan reveladores, no aparezcan recogidos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad a la hora de realizar el reparto».

Sin embargo, tienen claro que en la asignación de fondos no resultan factores relevantes «la coincidencia ideológica del partido que sustenta la alcaldía con la del partido de la presidencia regional, ni la fortaleza política (mayoría) del gobierno municipal», explica el investigador de la UMU Bernardino Benito. Además, la cantidad de transferencias y subvenciones que reciben los ayuntamientos tampoco se ve afectada por el calendario electoral.

En cuanto a la deuda viva municipal por habitante, la conclusión de los autores es que «se está premiando a aquellos municipios menos endeudados para repartir las transferencias corrientes, es decir, a aquellos que gozan de una mejor situación financiera».

Por tanto, «puede concluirse que se ayuda económicamente a los municipios con menor porcentaje de recursos propios, pero, por otro lado, también se premia a los ayuntamientos que consiguen una buena gestión en materia presupuestaria, lo que mostraría coherencia financiera en la gestión de fondos municipales por parte del Gobierno regional», comenta Bernardino Benito.

A la vista de la distribución de los recursos, los autores concluyen que «resulta necesario que la Comunidad elabore una ley de financiación local que elimine la incertidumbre financiera de los ayuntamientos, que permita que las competencias asumidas por las entidades locales se adapten a las demandas de sus ciudadanos y que, además, entre otros criterios constitucionales, se adecúe a la suficiencia, la solidaridad y la proporcionalidad».

También plantea la necesidad que el Estado afronte la reforma de la financiación local, mientras que sugiere que los resultados abren la puerta a un estudio sobre las dinámicas presupuestarias.