La Asociación de Refugiados Rifeños en España (ARRE) ha denunciado este viernes la situación en la que se encuentran 16 activistas políticos de la región marroquí del Rif, que llegaron en patera a Motril (Granada) el 18 de enero, y que actualmente se encuentran retenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia.
En una comparecencia ante los medios, el abogado de los activistas rifeños, Sergio Ramos, ha alertado del grave riesgo que supondría la denegación de asilo político a sus clientes, que en caso de ser deportados a Marruecos ingresarían en prisión y serían "fuertemente represalidados".
El letrado murciano también ha informado de que han sido 12 los activistas que han solicitado el asilo político a la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, cuya resolución final, contemplando posibles recursos, no se demorará más de una semana.
De momento, ya han sido dos las solicitudes admitidas a trámite, pero Ramos ha estimado que no todas las peticiones serán validadas y ha avisado de que están dispuestos a llegar hasta la Audiencia Nacional.
Ante esta situación, el abogado ha criticado al Estado español por utilizar el asilo político como un "instrumento político" para segregar atendiendo a criterios de nacionalidad o ideología.
En la comparecencia también ha participado uno de los activistas rifeños cuya concesión de asilo ha sido admitida a trámite, Jamal Mouna, quien sintió una gran decepción al comprobar que el trato recibido en España no era muy diferente al de Marruecos.
Mouna también ha manifestado su desagrado hacia la continua petición de pruebas de su condición de activista político por parte del Ministerio de Interior, que no es consciente de la dificultad de conservar pruebas gráficas de las protestas, cuya tenencia está castigada hasta con penas de cárcel en el país norteafricano.
Por su parte, Reda Benzaza, portavoz de ARRE, ha contextualizado la situación que actualmente se vive en el Rif, donde las protestas y movimientos sociales en contra de la represión del estado marroquí comenzaron en octubre 2016, y se acentuaron cuando el 28 de ese mismo mes, 5 manifestantes fueron detenidos, torturados y asesinados por el Gobierno de Marruecos.
