La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial el archivo de la causa contra el expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel en el caso de la desaladora de Escombreras. Argumenta que aún no puede darse por acabada la instrucción de la pieza separada abierta contra el exjefe del Ejecutivo de forma paralela a la investigación de otro juzgado que llevó al procesamiento de una decena de antiguos altos cargos del Gobierno, entre ellos el exconsejero Antonio Cerdá, y de directivos de las empresas del grupo ACS.

En un escrito de casi cien páginas, el fiscal Juan Pablo Lozano pide la reapertura de las diligencias contra el expresidente practicadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, que había exculpado a Valcárcel los delitos a los que dio lugar la gestación y las negociaciones para la firma de los contratos entre el Ente Público del Agua y ACS para la construcción de la planta. Estos compromisos obligan a la Comunidad a pagar más de 20 millones anuales por su explotación.

La magistrada que archivó esta causa decía que el expresidente tampoco había sido «cómplice ni cooperador necesario», pero el fiscal niega que pueda escudarse en «el desconocimiento de los pormenores» de la operación, dado que algunas de las decisiones que tomó el Ente Público del Agua requerían la aprobación del Consejo de Gobierno que él presidía. También pide que se revisen los acuerdos adoptados por el Ejecutivo que permitieron al Ente Público del Agua ceder la parcela en la que se construyó la planta y avalar el crédito de Banesto para financiar su ejecución, en contra del criterio de la exconsejera de Hacienda Inmaculada García. Apunta que estas autorizaciones demostrarían su participación como inductor.

Recuerda que la propia Comunidad ha valorado en un escrito al Juzgado la pérdida patrimonial originada por la operación en 74.194.332,55 euros debido a «la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros».