La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el sindicato de Enfermería (Satse), ha trasladado al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) que autorizar la realización de test rápidos de detección de la covid-19 en las farmacias, como reclamó el pasado miércoles el Gobierno de la Comunidad de Madrid, supondría una «vulneración del actual marco jurídico sanitario», incluyendo hasta doce normas de distinto rango, y que pondría en grave riesgo la seguridad y salud de la ciudadanía.
Por ello, y en dos cartas remitidas al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la directora general de la Aemps, María Jesús Lamas, la Mesa Enfermera «informó de que en caso de que se permita a las farmacias realizar estas pruebas emprendería «todas las acciones legales oportunas a nivel nacional y europeo».
«Ni por las atribuciones, competencias y formación que tienen los farmacéuticos ni por la propia configuración de las oficinas de farmacia, es posible a día de hoy convertirlas sin más en centros para la realización de pruebas diagnósticas de la covid-19, y advierte igualmente del riesgo que ello supondría para al conjunto de la ciudadanía al facilitar que estos establecimientos comerciales se conviertan en posibles focos de contagio y transmisión del coronavirus», dijeron desde el colectivo.
Además, aseguraron que están dispuestos a poner en marcha una campaña a favor de la liberalización de las farmacias para equiparar este sector con todos los países del mundo. «En España, las farmacias son prácticamente un monopolio, muchas veces incluso hereditario que pasa de padres a hijos», denuncian los enfermeros.
