La reforma de la Ley de Protección Ambiental abre la caja de los truenos

ARCA), que naufragó debido a un recurso de inconstitucionalidad presentado por Unidas Podemos. El Ejecutivo regional vuelve a encontrarse con la oposición del PSOE, Más País y los ecologistas a la reforma de la Ley de Protección Ambiental de 2009, mientras que la Croem aplaude la nueva normativa, que permite a los ayuntamientos autorizar la instalación de empresas.

La patronal agradece la modificación y dice que «reactivará la economía y dotará de más seguridad jurídica a las empresas para crear riqueza y empleo». La organización que preside José María Albarracín destaca que «la valoración del sector empresarial es positiva por cuanto supone no solo avanzar en simplificación administrativa, sino también unificar criterios que aportan más seguridad jurídica, eliminan duplicidades y propician más colaboración entre las Administraciones Públicas».

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Regional, Francisco Lucas, aseguró que «el PSRM no va a permitir que el Gobierno de PP y Cs hipoteque el futuro de la Región con un decreto vergonzoso, que lo único que hace es poner en riesgo la protección de medio ambiente y la salud de las personas». El PSOE está dispuesto a «llegar hasta el final para que no se aplique este decreto ley que no garantiza la protección y el cuidado del medio ambiente y pone en riesgo la salud de las personas».

Para Ecologistas en Acción se trata de «una estrategia del Gobierno regional consistente en aprovechar la excusa de la Covid-19 para desmantelar los pocos vestigios que quedaban de política ambiental», ya que además del citado decreto se ha modificado la Ley de Puertos y la Ley del Suelo, por lo que prevé «una expansión urbanística aún más acelerada y caótica que la actual, lo que reducirá superficies verdes, espacios rurales y naturales»

Más País alerta de que la reforma supone «una barra libre para saltarse controles y dañar nuestro patrimonio natural».