La Fiscalía de de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estudiará si las quemas agrícolas son constitutivas de delitos contra la Salud Pública y el Medio Ambiente, según informa la Plataforma #StopQuemasMurcia, quienes han presentado al fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel E. de Mata, material relevante y documentación recopilada suficiente para justificar el inicio de una investigación.
Las quemas agrícolas incumplen la ley de Residuos, la reciente resolución firmado por cuatro Direcciones Generales de la Comunidad Autónoma y hasta el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia, que es del año 2003.
El humo de las quemas dispara los niveles de contaminación por partículas (como las PM10), y esto tiene efectos negativos para la salud de quienes lo respiran.
Prohibirlas no las ha evitado
Murcia es uno de los municipios más afectados por este tipo de quemas, no en vano está rodeada de huerta. El Ayuntamiento aprobó en el Pleno del mes de julio por unanimidad una moción presentada por Podemos-Equo, en la que se incluían medidas para acabar con las quemas agrícolas. Pero no han cesado.
Como tampoco lo han hecho pese a las sanciones impuestas o que están en tramitación. En 2017 se incoaron 44 expedientes; en 2018, 67 expedientes; y este año, hasta noviembre, 117.
Cieza y las heladas
El Defensor del Pueblo ha requerido al Ayuntamiento de Cieza y a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia que informen sobre la aplicación de la resolución conjunta que prohíbe la quema de balas de paja contra las heladas, y en la que se establecen también duras restricciones sobre el uso de otros combustibles, con el objetivo de proteger la salud de la población.
Esta actuación por parte del Defensor del Pueblo responde a la nueva documentación remitida por Ecologistas en Acción, y en la que se denuncia la permisividad de estas administraciones ante las quemas anti-heladas a pesar de su prohibición, y de las recomendaciones de las autoridades sanitaras regionales para que se impidan este tipo de prácticas, por el elevado riesgo que supone para la salud de la población.
