Unicef puso ayer deberes a todos los grupos parlamentarios de cara a las próximas elecciones de mayo para que la infancia sea una prioridad en la siguiente legislatura y se sitúe en las agendas políticas. «La infancia puede ser el protagonista común de los programas electorales», reclamaba la presidenta de Unicef Comité Murcia, Amparo Marzal, quien planteaba una lista de 22 propuestas en un encuentro mantenido en el centro cultural Las Claras, en Murcia, con representantes de los partidos de la Asamblea Regional, así como con miembros de otras instituciones: las universidades públicas de Murcia y Cartagena, la Federación de Municipios, la Plataforma de la Infancia, la Red de Lucha contra la Pobreza y ONG para el desarrollo.
La principal reivindicación es que la educación de la primera etapa de la infancia debe convertirse en un derecho. «Es beneficiosa en todos los ámbitos del crecimiento del niño: cognitivo, afectivo, social y emocional», sostiene la profesora de Psicología Evolutiva y patrona de Unicef España, María Ángeles Espinosa, autora del informe La garantía del derecho a la educación de 0 a 3 años.
La profesora hizo hincapié en que quienes más se benefician de la escolarización temprana son los menores más vulnerables, aquellos que sufren problemas de origen social y cultural o que tienen una discapacidad. «Muchos estudios demuestran que las escuelas infantiles mejoran las competencias básicas, como la lectura y la escritura, y también mejoran las habilidades para la integración en Primaria», indicó Espinosa, quien recalcó que se «empodera a los niños, sobre todo cuando proceden de entornos desfavorecidos». Para ello, se debe aplicar una educación «de calidad e inclusiva», con «profesores formados, una regulación y unos espacios adecuados».
La tasa de escolarización de los niños de 0 a tres años arroja cifras dispares en función de la comunidad. Si en el País Vasco el porcentaje es del 51% -el más alto del país-, en Canarias -el más bajo- es del 12%. La media se sitúa en el 34,8% y la Región de Murcia se encuentra por debajo, en un 17,9%, según las cifras de Unicef.
Además, la presidenta de Unicef pide una inversión pública que permita acciones a largo plazo y «hacer visibles» a los niños en los partidas presupuestarias; demanda mecanismos instituciones que garanticen «que la infancia se tiene en cuenta», con políticas dirigidas específicamente a los niños, «no sólo a la familia»; reclama la creación de una Dirección General de la Infancia y un Observatorio de la Infancia y que se impulse el recién constituido Consejo de Participación; y solicita la recogida de datos para «conocer y precisar» la realidad de los niños de la Región que se transformen en «políticas adecuadas».
