La Comunidad y la Justicia se han puesto manos a la obra para reducir el número de desahucios en la Región de Murcia. El pasado 13 de diciembre, el Gobierno regional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) firmaban en Madrid un convenio para detectar a aquellas familias que se encuentran en riesgo de desalojo de su hogar y así ofrecerles de manera inmediata las ayudas. La novedad de este acuerdo, que actualiza el anterior protocolo suscrito en el año 2013 entre la Comunidad y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), es su ampliación a los inquilinos que viven en régimen de alquiler, además de aquellas personas que residen en riesgo de desahucio por impago de la hipoteca.
El nuevo programa celebró ayer su primera reunión en la Ciudad de la Justicia, en Murcia. El consejero de Fomento, Patricio Valverde, y el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, encabezaron el Grupo de Trabajo Mixto, formado por personal de la Consejería y del TSJ. Este órgano se encarga de la ejecución del convenio para la 'detección temprana e intervención de situaciones de vulnerabilidad en procedimientos judiciales dirigidos al lanzamiento de vivienda'.
Este plan, explicaron, pone en marcha «un canal de comunicación directo y ágil» por el que el TSJ comparte con el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria de la Región de Murcia los datos de aquellas familias -con el consentimiento previo- que puedan verse afectadas por un desahucio, ya sea de ejecución hipotecaria o de alquiler.
Una vez facilitada la información, la Comunidad contacta con los afectados para proponerles un servicio gratuito de información y asesoramiento jurídico, financiero y técnico, y también de mediación con las entidades de crédito (en hipotecas) o arrendadores (en alquileres), según detallaron ayer fuentes regionales en una nota de prensa.
«Queremos poner en contacto a la Administración de Justicia con los recursos del sistema prestacional que ofrecen instituciones como la Comunidad y la Federación de Municipios», explicaba ayer Pasqual del Riquelme. «Queremos conseguir algo que en ocasiones no ha fluido bien: la detección temprana de aquellos supuestos de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social», indicaba el presidente del TSJ. «Queremos impedir que queden fuera del sistema por falta de fluidez en la información o por falta de detección», añadía.
El convenio, apuntaba el consejero de Fomento, permitirá a la Comunidad «anticiparse y detectar de manera temprana la situación de personas en riesgo de desahucio y actuar desde el primer minuto para dar solución al lanzamiento de la vivienda por alquiler». Valverde recalcó que «es fundamental poder obtener los datos de las familias afectadas antes del lanzamiento para ofrecerles toda la ayuda posible por parte del Gobierno regional».
Más medidas
Más medidasEl Servicio de Orientación no es la única medida a la que se pueden acoger las familias. Según recuerdan desde la Comunidad, también pueden acceder a las ayudas de alquiler social acordadas con Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado, que ofrecen entre 300 euros y 750 euros al mes durante un plazo máximo de un año. La Comunidad cuenta además con 3.000 viviendas públicas para las familias que más lo necesitan. Se trata de hogares en régimen de alquiler y asignados por los ayuntamientos.
También existe una ayuda de 400 euros al mes durante tres años para financiar el 100% del alquiler de una vivienda, en régimen de alquiler social, a las familias en situación de desahucio.
El Gobierno regional también concede ayudas de hasta 200 euros al mes para jóvenes y para mayores de 65 años de 250 euros al mes, en alquileres que no superen los 500 euros.
