El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha acusado al PP y a Ciudadanos de "indultar de facto" al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez al mantener bloqueada en la Cámara la reforma para acabar con el plazo tope de instrucción de los sumarios.

Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que reformó en 2015 el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para poner un plazo máximo de seis meses para la instrucción de las causas penales. También se estableció que, antes de que expire dicho plazo, el instructor podrá ampliarlo a 18 meses si, a instancias de la Fiscalía, declara "compleja" la investigación.

Precisamente gracias a ese tope máximo, Pedro Antonio Sánchez ha sido recientemente absuelto por el denominado 'caso Pasarelas'. Eso sí, su imputación provocó una crisis política en la Región al exigir Ciudadanos su renuncia, dimisión que finalmente se produjo y que dio paso a Fernando López Miras, también del PP, como nuevo presidente de Murcia.

19 meses congelada

En mayo de 2017, el PSOE consiguió que el Pleno del Congreso aceptase tramitar una proposición de ley que únicamente planteaba derogar esa limitación temporal a la instrucción de sumarios. Pese a constar de un único artículo, la iniciativa ha llegado a acumular 19 meses de prórrogas en los plazos para la presentación de enmiendas.

Ciudadanos también planteó, al inicio de la legislatura, la derogación del citado artículo de la LeCrim en el marco de la Ley 'omnibús' contra la corrupción, una norma que lleva también meses paralizada.

Cuando parecía que la tramitación de la reforma iba a volver a arrancar, el PP registró una enmienda a la totalidad a la propuesta de los socialistas con la que pretenden impedir la derogación de una reforma que, a su juicio, "ha sido beneficiosa para la justicia", según reza la iniciativa, recogida Europa Press. Su debate se calcula para la reanudación del periodo ordinario de sesiones, ya en febrero.

En rueda de prensa en el Congreso, Simancas ha acusado al PP y a Ciudadanos de bloquear la tramitación de su reforma permitiendo las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas por parte de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría.

"Esto tiene consecuencias, que el expresidente de Murcia haya sido exonerado en una causa de corrupción porque esta Ley no está en vigor", se ha quejado el 'número dos' del Grupo Socialista, culpando a Pablo Casado y a Albert Rivera de este "indulto de facto" a un "encausado por corrupción".