Los 22 municipios con menos de 20.000 habitantes tendrán que esperar varios años para disponer de la Administración electrónica. El concurso que había convocado la Consejería de Hacienda para contratar los soportes informáticos destinados a eliminar el papel en los trámites administrativos y sustituirlo por el expediente electrónico en los ayuntamientos más pequeños de la Región ha quedado en suspenso debido al recurso presentado por la empresa Ayuntamientos Soluciones Informáticas, según informó el Departamento de Fernando de la Cierva.
De la Cierva anunció al presentar los presupuestos de su Departamento para el próximo año que la Administración electrónica estará en funcionamiento a finales de 2019, pero la tramitación del recurso contencioso podría alargarse mucho más tiempo, dado que el procedimiento judicial puede durar incluso varios años.
La Comunidad Autónoma se había comprometido a ofrecer a los 22 ayuntamientos de la Región con menos de 20.000 habitantes los soportes informáticos para poner en marcha la Administración electrónica en octubre de este año, pero en este momento resulta difícil precisar cuándo será posible implantar los nuevos servicios digitales, dado que los contratos establecían un plazo de ejecución de hasta un año y medio.
No obstante, los municipios que dependen de la Comunidad se librarán por ahora de las penalizaciones que les habría acarreado el incumplimiento del plazo fijado por la normativa nacional, dado que el Gobierno central ha aplazado hasta octubre de 2020 la puesta en marcha de la Administración electrónica, según informó el secretario general de la Federación de Municipios de la Región, Manuel Pato. «El BOE ha venido en su auxilio», apuntó.
El objetivo de la digitalización es ofrecer a los ayuntamientos los medios técnicos para tramitar de forma telemáticas todas las gestiones de sus vecinos, sustituyendo los actuales impresos oficiales por el llamado expediente digital, que evitará el uso del papel y permitirá realizar cualquier trámite durante las 24 horas del día los siete días de la semana. Supondrá también el establecimiento del Registro electrónico y el establecimiento de un archivo único digital.
La Administración electrónica es además necesaria para que los ayuntamientos puedan cumplir la Ley de Contratos Públicos, que traspone al ordenamiento jurídico español las directivas europeas en materia de contratación, introduce medidas para mejorar la transparencia, la agilidad y el control en las adjudicaciones, limitando la posibilidad de contratación sin publicidad y estableciendo la obligación de la factura electrónica y la posibilidad de pago directo de la administración a los subcontratistas.
La entrada en vigor de la nueva Ley también ha impuesto a los alcaldes la obligación de convocar concursos públicos y darles publicidad en operaciones de menor cuantía. El secretario general de la Federación de Municipios, Manuel Pato, cree que «difícilmente pueden cumplirse las normas si no está en marcha la Administración electrónica», que debe dar soporte a los procedimientos administrativos telemáticos. Advirtió igualmente de que «en este país hay una brecha digital a tener en cuenta», por lo que considera necesario que las administraciones se pongan de acuerdo en sistemas digitales interoperativos y, a su vez, respetuosos con su autonomía».
