Las siete asociaciones judiciales y fiscales han convocado oficialmente una jornada de huelga general el próximo 19 de noviembre y aseguran al Ministerio de Justicia que, si antes de ese día no les hace llegar una oferta sobre sus reivindicaciones profesionales y salariales, volverán a citar a jueces y fiscales para realizar «nuevas medidas de presión» en las semanas siguientes.
El pasado 22 de mayo, la Región, al igual que el resto de España, vivía una jornada en la que la Ciudad de la Justicia quedaba paralizada. Entonces se suspendían más de 200 juicios.
En aquella fecha era ministro de Justicia el popular Rafael Catalá. Ahora, con la socialista Dolores Delgado en el Ministerio, las cosas parece que siguen sin cambiar demasiado.
«Hemos cambiado de Gobierno, pero seguimos igual y no se ve una voluntad clara de arreglar el problema», señala Enrique Domínguez, portavoz en Murcia de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), quien indica que esta convocatoria es «una muestra más del hartazgo y el cansancio» que sufren los juristas.
El magistrado apunta que es «triste» que ahora, en noviembre, se siga hablando de las mismas carencias denunciadas en mayo, pero es que «no hay nada nuevo». Así, en la Justicia murciana hay «falta de medios y de compromisos», y un personal que clama por «la recuperación de derechos laborales» perdidos hace años.
Lo que hacen los políticos es «dicho vulgarmente, marear la perdiz», considera Domínguez, que lamenta que «las cosas estén empantanadas y no se solvente nada». Algo que repercute en que «cada vez el servicio es peor», dado que «no se puede atender el trabajo de una forma medianamente eficiente».
El pasado 25 de octubre, Juezas y Jueces por la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales (a la que pertenece la ministra de Justicia, Dolores Delgado) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales anunciaron la convocatoria de este paro en reivindicación de más medios para la Justicia y más garantías de independencia.
Ascensión Martín, magistrada y coordinadora en la Región de Jueces y Juezas para la Democracia, señala que esta movilización se enmarca en «un calendario de reivindicaciones que los distintos gobiernos no han atendido tan satisfactoriamente como se les pedía». No obstante, Martín cree que puede que no llegue a haber huelga, que «si la negociación avanza, se puede dejar sin efecto».
Si finalmente hay paro, «a lo mejor algunos asociados no lo pueden hacer, porque están en servicios mínimos o porque no quieran», especifica la magistrada, aunque, a su juicio, «creo que, mayoritariamente, en la Región se va a seguir» la huelga.
Con el cambio de Ejecutivo central «teníamos esperanzas, sinceramente», admite, por otro lado, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura de Murcia, Fátima Saura.
«Pero no se ha tenido ningún tipo de respuesta: más bien, largas», hace hincapié la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 2 de Murcia.
La huelga, asume, «es una medida que no se tiene más remedio que adoptar», aunque pone la vista en la reunión de mañana, donde «no vamos a ceder», pero quizás haya una respuesta del Gobierno. «Lo que se está pidiendo es una Justicia de calidad», recuerda la jueza, «porque, en un Estado de Derecho, la Justicia tiene que ser de calidad». En su opinión, «los jueces son los grandes desconocidos», ya que son «unos currantes». «Para nosotros es una contrariedad tener que convocar un paro, aunque sea de un día», asegura Saura.
En cuanto a los fiscales, el fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, dice «apoyar las razones de la huelga».
«Son medidas pedidas antes y sin arreglar y a fecha de hoy, con una ministra compañera de la UPF seguimos igual de mal. Ni siquiera en la derogación de los plazos de instrucción, que no cuesta dinero», asevera el fiscal, también de Unión Progresista de Fiscales.
Los funcionarios de la administración de Justicia, por otro lado, irán a la huelga el viernes 16 de noviembre convocados por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, protesta que se une a los paros de los letrados del martes 13 y a la huelga de jueces y fiscales prevista para el lunes 19.
Los trabajadores de Justicia, según los sindicatos, protestarán por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se tramita en el Parlamento y que, denuncian, permitirá a la administración determinar «a su antojo» cuál será, dentro del municipio, su puesto de trabajo en cada momento, y reducirá «drásticamente» el nombramiento de personal interino. El pasado miércoles un centenar de representantes sindicales se concentró ante el Ministerio de Justicia para pedirle que utilice todas las herramientas políticas que estén a su alcance para frenar esta «agresión a sus derechos laborales».
Antes, el 13, están llamados a un paro de dos horas los letrados de la administración de Justicia, conocidos antes como secretarios judiciales, que reivindican una adecuación salarial.
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Isabel M.ª Soler, por otra parte, ha denunciado que «la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa ha perjudicado a los abogados y procuradores adscritos al conocido turno de oficio que llevan ya cuatro meses de retraso en el cobro de sus honorarios».
Soler, que ha presentado una moción en la que exige al Ejecutivo central el pago inmediato de las retribuciones atrasadas, ha especificado que el retraso afecta a los abogados y procuradores que prestan sus servicios en el marco de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en las comunidad autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, entre las que se encuentra la Región de Murcia.
La diputada regional del PP considera «intolerable» el retraso en el pago de unas prestaciones, «ya de por si ridículas y desfasadas, a unos profesionales que realizan su trabajo las 24 horas de los 365 días del año». Por esa razón, demanda también al Gobierno de España que revise y actualice los honorarios, ha afirmado.
Isabel Mª Soler ha explicado que la demora acumulada de cuatro meses ha provocado que el Consejo General de la Abogacía requiriera, formalmente el pasado día 31 de octubre, al Ministerio de Justicia para el pago de los meses de julio, agosto y septiembre con sus correspondientes intereses devengados.
«Los profesionales que dan cobertura a la justicia gratuita están padeciendo la incapacidad de gestión y el bloqueo de un Pedro Sánchez más preocupado por las fotos y su imagen que por solucionar los problemas de los españoles», concluye la diputada.
