El que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre 2004 y 2010, José Salvador Fuentes Zorita, ha hecho uso de la correspondencia cruzada en 2006 con el entonces fiscal superior de la Región, Manuel López Bernal, para defender su gestión en torno al Mar Menor, en cuyas diligencias judiciales figura como uno de los investigados.
El juzgado que investiga la degradación de la laguna ha acordado abrir una pieza separada con esa documentación para facilitar así su consulta por las partes personadas en estas diligencias. El expresidente de la CHS prestó declaración el pasado mes de mayo.
En uno de esos escritos, López Bernal, que responde a otro anterior de Fuentes Zorita, escribe que «nunca he dudado de la eficacia de tu labor al frente de esa institución; muy al contrario, soy consciente de que tu acertada gestión ha dado a los ciudadanos una nueva y mejorada imagen de la Confederación».
La documentación entregada en el Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga a los presuntos responsables de la contaminación del Mar Menor contiene también otra documentación, como recortes de prensa, en uno de los cuales se recogen unas declaraciones del entonces consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del gobierno murciano, Antonio Cerdá, en las que comentaba que la laguna estaba «mejor que nunca» y que no se pensaba en reducir regadíos.
Una cita «entrecomillada»
Fuentes Zorita no olvidó referirse a la valoración positiva de su gestión hecha por el entonces fiscal superior cuando declaró como investigado en este caso, ya que citó entrecomillada la parte del escrito de este en el que indicaba que nunca había puesto en duda la eficacia de su gestión.
Durante el extenso interrogatorio al que fue sometido entonces tanto por la titular del Juzgado de Instrucción como por el fiscal, declaró que no conocía que en la CHS existiera un listado de desalobradoras ilegales, ya que, en caso contrario, habría denunciado las posibles irregularidades.
También aseguró desconocer que existieran unas solicitudes para instalar desalobradoras en el Campo de Cartagena, ya que, añadió, «estarían en la unidad correspondiente -de la CHS-, que no se presentan ante el presidente».
También se le preguntó -según se recoge en el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe- el motivo por el que, conociendo los datos críticos de vertidos de nutrientes al Mar Menor no se dieron órdenes desde el órgano que presidía para llevar a cabo las inspecciones pertinentes a fin de localizar posibles desalobradoras no autorizadas.
A esa pregunta contestó que los vertidos a la laguna «son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma; así lo dice el Estatuto de Autonomía, y en el año 1984 se transfirieron las funciones del Estado completamente».
Durante el interrogatorio afirmó conocer la existencia de una red de salmueroductos, pero aseguró que ignoraba que vertían en la rambla de El Albujón.
