La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia presentada por el Colegio Oficial de Enfermería de Murcia contra la cúpula del Consejo General de Enfermería (CGE) por presuntos delitos de cohecho, malversación y fraude fiscal al considerar que las acusaciones son "meras sospechas" y los presuntos delitos habrían prescrito.
La denuncia presentada el pasado mes de marzo por Amelia Corominas y otros cinco miembros de la junta directiva del Colegio de Enfermería de Murcia alertaba del supuesto uso fraudulento de los fondos del Consejo General, beneficiando a personas de la directiva y empresas externas vinculadas a ésta.
Sin embargo, el fiscal decano en funciones asegura en un decreto que ha sido enviado a los denunciantes que "no podemos hablar de que los hechos denunciados constituyan infracción penal alguna o se aporten datos como para estar en presencia de hechos concretos constitutivos de infracción penal, de manera que procede el archivo de las presentes diligencias informativas".
Además, señala que "tras la práctica de las diligencias de investigación, consistentes en las declaraciones de varios de los denunciados y en la solicitud de diversa documentación, no podemos extraer suficientes indicios de criminalidad como para interponer denuncia o querella ante el Juzgado por estos hechos".
Desde el Colegio de Enfermería de Murcia consideran que el archivo de la denuncia que presentaron "no supone un respaldo a la gestión de Máximo González (expresidente del CGE), sino que, muy al contrario, en la resolución dictada se cuestionan muchas de las iniciativas empresariales realizadas por éste, llegando a considerar la existencia de ciertos delitos que, de forma muy cuestionable, considera prescritos".
En este sentido, la institución colegial murciana informa a sus colegiados de que pese a que la Fiscalía descarta inicialmente que fuera una trama orquestada por Máximo González "únicamente lo hace porque se ha desmostrado que tras la pérdida patrimonial se iniciaron varios procedimientos judiciales para intentar recuperar el dinero". Y añaden que el propio fiscal "se sorprende de que el CGE no hubiera actuado penalmente ante la evidente estafa que había sufrido".
Desde Madrid, el Consejo General de Enfermería considera, tras la decisión judicial, que "ésta viene a confirmar la legalidad de la gestión corporativa de más de 25 años y desmonta la estrategia de falsedades orquestada contra la Organización Colegial y, especialmente, contra este Consejo General y sus dirigentes" y anuncia que interpondrá una querella contra Corominas por "difundir falsedades y mentiras". También subrayan que Amelia Corominas "está ocupando ilegalmente el cargo, puesto que las elecciones que convocó para mantenerse en el mismo fueron declaradas nulas por la Resolución nº 6/2016, de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería tras recibir el recurso de un colegiado y constatarse que estuvieron plagadas de irregularidades".
