La crisis política e institucional en la Región terminará para el Partido Popular mejor de lo que se podía esperar hace dos meses: Fernando López Miras será investido este sábado presidente de la Comunidad y Pedro Antonio Sánchez mantendrá su escaño en la Asamblea Regional hasta final de legislatura, estando en condiciones de regresar a la Presidencia si se archivan las causas judiciales que tiene pendientes.

Ciudadanos confirmó ayer que hará presidente a Fernando López Miras con una «abstención técnica» en la segunda votación del debate de investidura, siempre y cuando el PP cumpla su compromiso de apoyar hoy en el Pleno de la Asamblea la propuesta conjunta de la oposición para suprimir los aforamientos de los diputados regionales y los miembros del Consejo de Gobierno.

No obstante, esta vez no habrá acuerdo de investidura, como en junio de 2015, debido a las diferencias entre los dos partidos respecto al momento en el que los cargos públicos que se ven inmersos en procesos judiciales deben presentar la dimisión. Ciudadanos quiere establecerlo cuando un juez lo cita a declarar en calidad de investigado, lo que implicaría que el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez tendría que abandonar su escaño o bien dejar el Grupo Parlamentario Popular. El PP exige en cambio que se fije en lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal denomina encausamiento, es decir, la apertura del juicio oral.

De esta forma, las negociaciones entre PP y C's quedaron rotas ayer. «El PP no es creíble en materia de regeneración», señaló Miguel Sánchez, portavoz de la formación naranja en la Asamblea Regional, quien añadió que los cuatro diputados de Ciudadanos votarán 'no' en la primera votación del debate de investidura, en la que López Miras necesita la mayoría absoluta de la Cámara (23 diputados y el PP tiene 22). Será en la segunda votación, prevista para este sábado, cuando el candidato popular obtendrá la confianza de la Cámara, ya que solo necesita mayoría simple (más votos a favor que en contra) y los representantes de Ciudadanos se abstendrán «por responsabilidad, porque somos un partido posibilista, con altitud de miras y, por encima de todo, están los intereses de los murcianos», dijo Sánchez. Las únicas condiciones que ponen para la abstención es, además del voto a favor de los populares a la supresión de los aforamientos, que el candidato López Miras se comprometa en su discurso de investidura a ejecutar las enmiendas que C's introdujo en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017. Será, por tanto, una maniobra similar a la que hizo el PSOE en octubre de 2016, que posibilitó con su abstención la investidura de Mariano Rajoy.

El PP logra así retener el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma y evita sacrificar de nuevo a su presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, tras su traumática dimisión como jefe del Gobierno autonómico. El portavoz popular, Víctor Martínez, confirmó que el partido había cumplido con creces sus objetivos: «Fernando López Miras será presidente el próximo sábado sin que hayamos tenido que ceder por conseguir un Gobierno a cualquier precio».

Ahora, Fernando López Miras gobernará a partir de la próxima semana con la necesidad de buscar acuerdos puntuales con los otros grupos para sacar adelante las iniciativas en la Asamblea Regional. El socio preferente del Gobierno popular continuará siendo Ciudadanos, pero ya por cercanía ideológica y no por verse obligado por un acuerdo de investidura o gobernabilidad. En los dos años de mandato de Pedro Antonio Sánchez, el pacto con C's no supuso el apoyo incondicional de la formación naranja a las iniciativas del Ejecutivo. Ciudadanos ha votado en numerosas ocasiones junto a PSOE y Podemos contra iniciativas del PP e incluso bloqueó en 2016 el Presupuesto de la Comunidad porque los populares mantenían a la alcaldesa de Torre Pacheco, que en esos momentos estaba imputada por un caso que luego fue archivado y que fue desalojada por una moción de censura de PSOE e Independientes, apoyada por C's. El Partido Popular, en cambio, se libra del compromiso escrito de tener que hacer dimitir a cualquier cargo público citado por un juez a declarar.