Condenados a tres años de cárcel por tráfico de inmigrantes en la Región

Siete pateristas y la mujer de uno de ellos aceptaron ayer penas que suman 23 años y cinco meses de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al propiciar la entrada irregular por mar de migrantes en patera a las costas de la Región. 

Los ocho acusados reconocieron ayer los hechos por los que estaban juzgados en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, por lo que es la vista judicial no llegó a celebrarse. En concreto, el acuerdo alcanzado entre las partes supone que el calificado como ’cabecilla’ de la banda, E.M.K., al que la Fiscalía adjetivó como «jefe, administrador y encargado de la organización», haya sido condenado a un total de 3 años y 11 meses. También para su esposa, M.M., supone la pena de un año y seis meses de prisión por su colaboración con su marido en los hechos delictivos.

El resto de acusados, a los que se les reconoce el despliegue de la logística necesaria para la consumación de los transportes de inmigrantes, han sido condenados finalmente a tres años y un día de prisión.

Se trata de condenas sustancialmente inferiores a las solicitadas en su escrito de calificaciones previas por parte del Ministerio Fiscal, que reclamaba 10 años de prisión para el ‘cabecilla’ y 8 para el resto de imputados. No obstante, el reconocimiento de los hechos y la dilación del procedimiento han provocado el acuerdo que finalmente se suscribió ayer minutos antes de arrancar el juicio.

El letrado Juan García Campillo, defensor de uno de los acusados colaboradores, Y.A.H., explicó que la dilación indebida del procedimiento ha sido clave para la rebaja de las penas. «En realidad un retraso de 3 años para un procedimiento complejo como este no es tan excesiva, pero sí en este caso porque los acusados se encontraban en prisión desde el inicio», indicó el abogado, quien añadió que debido al cumplimiento en su gran mayoría de las condenas en prisión preventiva, los reos podrían abandonar la cárcel en los próximos meses.

Se cierra así un proceso que dirimía la actuación de estos ocho acusados que, «movidos por el ánimo de obtener una ilícita ganancia patrimonial», organizaban «el tránsito irregular de personas de nacionalidad argelina y marroquí desde las costas de Argelia hasta España, infiriendo la normativa de administrativa de entrada y permanencia de los extranjeros en nuestro país, a cambio de elevadas cantidades de dinero que exigían a los ciudadanos que transportaban o a sus familias», ha sostenido la Fiscalía durante todo el procedimiento.

Entre 2020 y 2021

El Ministerio Público recogió en su escrito de acusación que «los acusados realizaron las labores necesarias para desembarcar y trasladar a los ciudadanos que entraron irregularmente en nuestro país mediante pateras que llegaron a las costas murcianas y almerienses al menos desde septiembre de 2020 hasta abril de 2021».

El escrito de acusación incluye además que la organización, en gran parte formada por miembros de la misma familia, se encargaba de esconder y proteger tanto a los patrones de las pateras utilizadas como a los inmigrantes ilegales en pisos antes de trasladarlos definitivamente a otras poblaciones españolas para facilitar el último paso del viaje: la llegada a Francia.

La investigación policial que destapó este entramado delictivo permitió las entradas y registros sobre los domicilios de varios acusados en el municipio de Fuente Álamo y la interceptación de vehículos que eran utilizados para el traslado y transporte de los inmigrantes y los cómplices de la organización.