El TSJ suspende la demolición del poblado chabolista de Los Méndez

El Ayuntamiento de Cartagena no podrá llevar a cabo el derribo del poblado chabolista que se encuentra en el paraje de Los Méndez, situado a escasos metros de la diputación de La Magdalena, para lo que contaba con el respaldo del juzgado de lo Contencioso de esa ciudad. Ello debido a que el expediente que instruyó con ese objetivo había caducado, según reconoció el propio Consistorio.

Así lo dispone la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que da la razón a los recurrentes y revoca el auto judicial que denegó su solicitud de suspensión cautelar de la orden de derribo.

En su recurso ante la Sala, los afectados alegaron que «en caso de ejecutarse aquella orden, los perjuicios para las personas que vivían en caravanas y chabolas serían irreparables» y que «la suspensión que habían pedido no suponía perjuicio alguno para el interés general».

La administración local se opuso a la estimación del recurso y añadió que, en caso contrario, se exigiera a los demandantes depositar una fianza de 5.000 euros.

El TSJRM ha declarado la caducidad del expediente municipal, que el propio Consistorio ya dejó sin efecto al apreciar esa circunstancia.

Ya en junio de 2021 el Ayuntamiento ordenó, también sin éxito, que se desmontara el asentamiento

Las raíces de este asentamiento chabolista, conformado por viviendas fabricadas con chapas, maderas, restos de aluminio y paneles sandwich, tuvieron lugar en el caserío de La Casa del Pino cuando el propietario, un vecino de la diputación, comenzó a alquilar por secciones la vivienda tradicional que se ubica en la zona. Hace cinco años, en el bancal de la finca anexa se colocó una casa prefabricada. Hace tres años se le sumó una caravana, hace un año y medio se comenzaron a construir dos chabolas con palés, madera, chapas y plásticos. La influencia de este asentamiento se extendió al paraje de Los Méndez en marzo de 2020, desde entonces la construcción de viviendas no ha cesado.

Ambos asentamientos fueron denunciados por el Ayuntamiento de Cartagena y la Policía Local e incluso la Concejalía de Urbanismo ha abierto varios expedientes sancionadores en la zona. Ya en junio de 2021 el Ayuntamiento ordenó, también sin éxito, la suspensión inmediata de las actuaciones que se estaban realizando, declaró la imposibilidad de legalización de los actos de edificación y ordenó que, en el plazo de un mes, se demoliera la obra ilegal realizada.