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Medio ambiente

El arreglo del emisario de Cala Reona, en el limbo desde hace meses

Las administraciones local, regional y estatal se pasan la pelota de su construcción sin aportar fondos o un plazo para llevarla a cabo

El arreglo del emisario de Cala Reona, en el limbo desde hace meses

En abril se cumplirá un año desde que el emisario de Cala Reona, situado en Cabo de Palos, se rompió debido al fuerte temporal que azotó a la comarca. Desde entonces la situación no ha cambiado y ha estado vertiendo al Mediterráneo aguas tratadas de la depuradora Cabo de Palos Sur ante la queja de vecinos y asociaciones, aunque el Ayuntamiento asegura que se mantiene una vigilancia y control permanente de estas, que se encuentran dentro de los parámetros legales y que no suponen un peligro para el medio ambiente. Desde entonces su reparación se convirtió en auténtico quebradero de cabeza para las administraciones, debido al alto coste que suponía, unos cinco millones de euros según estimaciones iniciales.

Finalmente la opción de repararlo fue descartada por la Demarcación de Costas, que exigió al Ayuntamiento la construcción de un nuevo emisario. Es por ello que el Ayuntamiento solicitó a la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur) que redactase el proyecto de construcción y que asumiera el costo de la reparación, según acordó en una junta de gobierno celebrada en octubre del año pasado. El Consistorio también amenazó con formular un contencioso administrativo, debido a que «los técnicos municipales y los de Esamur mantienen criterios dispares sobre la responsabilidad de dicho emisario y tendrá que ser un tribunal quien finalmente lo determine».

Meses después las negociaciones siguen en punto muerto y no hay novedades sobre el proyecto, pues las distintas administraciones se siguen pasando la pelota de unas a otras. El Gobierno local sigue firme en su postura de que se trata de una obra que debe asumir el Estado o la Comunidad, «al ser una infraestructura que da servicio a varios municipios», que además es muy costosa, pues supone un desembolso de unos siete millones de euros, según ha asegurado a este diario el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega.

Lo que solicita el Consistorio es que se declare la construcción del emisario «de interés general nacional», al ser una instalación de la depuradora de Mar Menor Sur que da servicio a Cartagena, La Unión y San Javier.

El Ayuntamiento de Cartagena es el que actualmente gestiona la depuradora debido que esta se sitúa en su término municipal, pero los gastos de funcionamiento se pagan en base al acuerdo que llegaron con Esamur. «Entonces la obra tiene que ser asumida, no decimos que por la Comunidad sí o sí, pero tenemos claro que no por el Ayuntamiento, ya que, además, es una obra que llevó a cabo el Ministerio de Medio Ambiente en un primer momento y que no hizo con un emisario en su día, sino con un aliviadero de 50 metros», explica Ortega.

Hasta el momento el Ayuntamiento no ha obtenido ninguna respuesta oficial por escrito por parte de Esamur o el Ministerio, solo una comunicación informal por parte del Gobierno regional, que afirma que «la Comunidad no es competente en la construcción de dicho emisario» y que «debe ser el Ayuntamiento o el Ministerio si lo declara de interés genera», afirma el edil de Infraestructuras. «Yo les dije que si teníamos que mandar una carta conjunta, que desde el Ayuntamiento estábamos a su entera disposición», asegura.

El asunto se ha topado además ahora con la modificación de consejerías: «Antes lo llevaba Antonio Luengo y ahora no sabemos si se le ha trasladado el tema a José María Vázquez, el nuevo consejero de Medio Ambiente, estamos esperando que se aclaren un poco», matiza Ortega.

Fuentes del Gobierno regional consultadas por La Opinión han querido matizar al respecto que, tal y como refleja la Ley 7/1985, reguladora de las bases del Régimen Local en su artículo 4, se trata de una obra en la que "la entidad local debe contratar y ejecutar las obras y gestionar la explotación de las instalaciones y de los servicios correspondientes, mediante cualesquiera de las fórmulas establecidas en la legislación vigentes".

Aa pesar de no ser competente, en febrero de 2020, y atendiendo al principio de colaboración y cooperación entre administraciones (lo que no quiere decir que sea competencia de Esamur), se llevó a cabo la tramitación urgente de las obras de reparación urgente atendiendo a la solicitud de auxilio del Ayuntamiento con un coste de más de 2 millones de euros asumidos por la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia", según han subrayado desde la Comunidad,.

Restos en la costa

El emisario de Cala Reona, antes de su rotura, ya era una infraestructura problemática. En 2018 y 2020 sufrió distintas roturas y fisuras, también debido a la acción de temporales, lo que obligó a hacer distintas labores de reparación que costaron miles de euros. En verano de 2021 se produjo la tercera avería en dos años, lo que obligó a hacer nuevas obras de emergencia para reparar una abertura en la tubería submarina.

Finalmente en abril del año pasado la acción del viento y las olas fragmentaron más de medio kilómetro del tubo submarino, que acabaron flotando por el mar y que, debido a que no se pudieron retirar a tiempo, acabaron varados en distintos puntos de la costa cartagenera. Durante varios meses estuvieron apareciendo grandes trozos en la playa de Calblanque y en otras calas cercanas, como Cala Cocón, además de los microfragmentos que vecinos y turistas encontraban a menudo en la arena.

Ecologistas en Acción advierte del peligro que supone el vertido

Pese a que desde el Ayuntamiento de Cartagena aseguran que se están controlando exhaustivamente los vertidos a la costa de Cala Reona de las aguas tratadas por la depuradora Mar Menor Sur, y que estos «no generan ningún tipo de problema medioambiental», la opinión de Ecologistas en Acción, la asociación para la defensa de Cabo de Palos, Procabo y de la Asociación de Vecinos de Cobaticas, La Jordana, es otra. 

Según advierten, esto está favoreciendo que se produzca una eutrofización de la zona, al igual que sucede en el Mar Menor, «lo único que al ser una zona tan abierta no se aprecia de una forma tan evidente», destacan fuentes de la organización consultadas por La Opinión. Esto conlleva la aparición de una gran cantidad de algas filamentosas en la costa de Calblanque, sobre todo en la parte oriental, producida por el exceso de nitrógeno y fósforo. Este cambio en los parámetros de la calidad físico-química del agua, explican desde Ecologistas en Acción, termina por afectar a las colonias de seres vivos, en su gran mayoría seres invertebrados, que habitan en la zona intermareal, a saber, la parte en la que la tierra y las rocas están en contacto con el agua y pone en riesgo a especies en peligro extinción, como puede ser la Patella ferruginea, una lapa cuyos primeros ejemplares se hallaron muy cerca de Cala Reona. En Ecologistas en Acción no saben a ciencia cierta si este vertido ha supuesto que hayan desaparecido de la costa de Cabo de Palos y alrededores. 

Alegaciones en 2020

Al respecto de estas advertencias, desde la organización han querido matizar que no son más que «suposiciones» basadas en su experiencia, y que para demostrar si este vertido es también el causante de estos problemas, además de otros que provienen de la agricultura, haría falta llevar a cabo un estudio científico de la zona.

Todos estos avisos no son nuevos. Ecologistas en Acción, la asociación para la defensa de Cabo de Palos, Procabo, y la Asociación de Vecinos de Cobaticas, La Jordana, ya los pusieron de relieve en noviembre de 2020. Por aquel entonces emitieron una serie de alegaciones al proyecto para incorporar el emisario al sistema de depuración de la EDAR Mar Menor Sur. 

En este escrito ya advertían de la presencia de algas filamentosas y de restos sólidos, como toallitas, en la costa, fruto de las distintas roturas que había sufrido la infraestructura. Un problema que ahora se estaría agravando ya que el vertido a la costa es mucho más directo. 

Así pues, reclamaron a la Administración que se ajustara al proyecto que se presentó en 1994, que exponía que el emisario iba a ser «un aliviadero y que debía estar enterrado 20 metros en el fondo marino» e «intensificar control periódico de la calidad del agua y de la vigilancia de vertidos ilegales y accidentales», entre otras peticiones.

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