La Fiscalía Anticorrupción de Murcia vio indicios de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y negociaciones prohibidas a los funcionarios en la adjudicación de obras y contratación de personal entre 2015 y 2021 en la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC).
El Ministerio Fiscal ha presentado una querella contra su presidenta, Yolanda Muñoz, y su antecesor, Antonio Sevilla, para que se investigue si pudieron participar, presuntamente, en estas prácticas corruptas. A Muñoz le afectarían, concretamente, las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias.
Muñoz, a su vez, defiende su honestidad y dijo este jueves que no tenía intención de dejar el cargo: "Soy la primera interesada en que se esclarezcan todas las dudas que hayan podido generarse tras las denuncias y espero tener pronto la oportunidad de dar todas las explicaciones".
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