El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena Número Uno ha atendido la reclamación de la exalcaldesa de la Ciudad Portuaria Pilar Barreiro y obliga al Consistorio a indemnizarla con 75.022 euros (más intereses) por los gastos jurídicos que tuvo que asumir la exdirigente popular tras ser acusada de prevaricación en el caso Novo Carthago; una acusación que fue ejercida por el propio Ayuntamiento así como por distintos concejales, la también exalcaldesa Ana Belén Castejón, el edil Juan Pedro Torralba y el grupo Izquierda Unida.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso La Opinión, se recuerda que el caso en el que se acusaba a Barreiro quedó definitivamente archivado por resolución del Tribunal Supremo tras desestimar los recursos presentados por las acusaciones. “Queda patente -indica la sentencia- la falta de relevancia penal de los hechos: El auto en cuestión es firme y la causa está archivada”.
El Consistorio alegó al juzgado, para no hacer frente al abono de la cantidad demandada por la exalcaldesa, que ella “no solicitó al Ayuntamiento para que se le nombrase representación y defensa, sino que contrató por su cuenta a los profesionales que estimó pertinentes”.
En este sentido, el juez considera que si no recurrió a los servicios municipales fue precisamente por el conflicto de intereses existente en el seno del propio Ayuntamiento, ya que los servicios jurídicos ejercían la acusación contra su persona.
Asimismo, recuerda las declaraciones en sede judicial de una de las abogadas que prestaba servicio al Consistorio, quien aseguró que Barreiro le solicitó su defensa y ella se negó al estar defendiendo los intereses de otro concejal.
El fallo indica asimismo que Pilar Barreiro fue “inculpada por su actuación en el ejercicio de sus funciones en relación a la modificación puntual” de un artículo del Plan General de Ordenación Urbana que supuestamente podría beneficiar a los intereses de una empresa. En este sentido, recuerda el Juzgado de lo Contencioso que los empleados públicos tienen derecho a “la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos”.
Así, la sentencia, contra la que se puede interponer recurso de apelación, condena al Ayuntamiento a indemnizar a Pilar Barreiro con 75.022,89 euros más los intereses correspondientes de la fecha en que la exalcaldesa reclamó el abono, el 25 de septiembre de 2019.
