Correos ha puesto en venta el solar en el que se encuentra, o encontraba, la Estación de Telegrafía de Cabo de Palos, de la que es propietaria, tras haber derribado todas las edificaciones que no se encontraban protegidas con la declaración de bien inventariado.
La sociedad estatal ha estipulado un precio de 2,6 millones de euros. El contrato se adjudicará mediante una subasta y «solamente se aceptarán aquellas ofertas que igualen o mejoren al alza el precio de licitación, quedando automáticamente rechazadas las que lo sean a la baja», según ha estipulado Correos.
El terreno, según queda reflejado en el pliego que ha publicado Correos, se encuentra actualmente clasificado como suelo urbano según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1987. Asimismo, se encuentra incluido dentro de la delimitación de la Unidad de Actuación 14 CP, por lo que tiene la consideración de suelo urbano sin consolidar del que no se ha iniciado la gestión urbanística. Lo que quiere decir que para el desarrollo del solar deben ponerse de acuerdo con los propietarios de las viviendas situadas al borde del acantilado o en su defecto promover una expropiación, lo que podría suponer un freno al desarrollo urbanístico y a la tramitación de licencia directa de edificación.
Asimismo, Correos advierte de que parte de la parcela está afectada por la zona de Servidumbre de Protección Terrestre, por lo que las futuras promociones inmobiliarias que se pretendan realizar sobre la parcela se tendrán que atener a ciertas limitaciones urbanísticas.
La licitación de la venta también «pasa de puntillas» y sin ahondar en exceso, según han denunciado los vecinos de la zona, por otro de los asuntos más conflictivos del solar: los elementos que actualmente se encuentran protegidos como bien inventariado, entre los que se encuentran la portada principal, la nave principal, la casa de máquinas y un aljibe.
Según apunta la sociedad estatal, estas estructuras «no alterarían los usos de la parcela», sin embargo la nave principal y la casa de máquinas «sí que consumirían edificabilidad, dado que se sitúan sobre el trazado del viario de la preordenación y no se pueden alterar». En este sentido, queda reflejado que el futuro propietario deberá ceder, de manera obligatoria, un 10% del suelo a la Administración debido a la presencia de elementos protegidos. La edificabilidad del terreno es de 4.642 m2, según refleja el pliega, que tras dicha cesión quedará en 4.177,80 m2, de los 9.536 m2 que tiene en total la parcela.
Correos tiene pretensión de que esta situación cambie, ya que interpuso un recurso contencioso-administrativo el pasado 2021 contra la resolución que dictó la Dirección General de Bienes Culturales en 2019, con el objetivo de que todas las edificaciones dejen se ser bien inventariado para poder proceder a su demolición, cuya resolución está todavía pendiente.
Una gran cantidad de vecinos de Cabo Palos, reticentes a que este emblemático espacio de la localidad pesquera se vea envuelto en el ‘boom’ urbanístico que se ha dado en tantas otras zonas, así como el propio Ayuntamiento de Cartagena, han presentado una alegación al proceso. «Creemos que nuestros argumentos son lo suficientemente sólidos como para que el juez dicte una sentencia a favor de la conservación de los elementos protegidos», según asegura José María Villanueva, vecino de Cabo de Palos y arquitecto que ha denunciado el caso.
