Proteger a las familias, promover el alquiler e incentivar la puesta en marcha de nuevos negocios. Estos han sido los objetivos que el Gobierno municipal de Cartagena se ha marcado a la hora de diseñar las ordenanzas fiscales para el próximo año en el municipio aprobadas este mediodía en Junta de Gobierno local extraordinaria.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo y la edil de Hacienda, Esperanza Nieto, anunciaron este miércoles que el Ayuntamiento de Cartagena congelará los precios públicos y no aplicará la subida del 4% del IPC. "Asumiremos esos gastos con recursos municipales", indicó la regidora. La única variación que se aplicará será una reducción del 10% para la matrícula online en la Universidad Popular.

Con la intención de ampliar el parque de viviendas sociales de Cartagena, el Ayuntamiento bonificará el 90% del IBI de aquellos inmuebles que se pongan a disposición de Servicios Sociales o de alguna oenegé del municipio. Estarán incluidas las viviendas en las que el arrendador alquile o ceda una vivienda a una entidad sin ánimo de lucro bajo acuerdo municipal para realizar proyectos y actividades en beneficio de asociados o colectivos vulnerables como "viviendas a disposición de familias necesitadas o pisos tutelados", indicó Arroyo.

La Administración local ha detectado la necesidad de rehabilitar y construir nuevas viviendas en Lo Campano, Santa Lucía, Los Mateos, Villalba, Las Seiscientas y San Antón, por lo que mantiene la bonificación del 50% del ICIO en estos barrios del municipio y suma la reducción al 10% de este impuesto en el casco histórico de la ciudad que anunció la alcaldesa recientemente para acabar con la falta de inmuebles en la zona más céntrica de Cartagena. En estos momentos hay cerca de 200 solares sin edificar en el centro de la ciudad portuaria.

Para motivar a los propietarios de edificios protegidos en el municipio, el Ayuntamiento aplicará la exención máxima del 95% del ICIO, que hasta ahora solo se aplicaba a los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC), para todos los que cuenten con grado de protección, como es el caso de la Casa Zapata, que no está catalogado como BIC.

Durante el 2022, el Ayuntamiento reduce también un 16% las tasas municipales a los puestos de venta ambulante dedicados a la alimentación y un 28% al resto de puestos de los mercadillos de Cartagena. Un anuncio que llega en la misma semana que los mercadillos del municipio han podido regresar al espacio que ocupaban antes de la pandemia tras la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) de la exención de la restricción de la distancia de seguridad y la recuperación del 100% del aforo en espacios abiertos.

Cuando acabe el año, los hosteleros tendrán que volver a abonar las tasas por ocupación de sus terrazas en la vía pública después de dos años exentos de impuestos municipales, aunque la nueva ordenanza contempla que, en el caso de que se vuelvan a aplicar restricciones de aforo o cierre, el Ayuntamiento dejará de cobrarles este impuesto nuevamente.

Así, el Gobierno local mantendrá todo el 2022 la exención de cobro de tasas para la apertura de nuevos negocios o traspaso, que ya este 2021 ha tenido "buena acogida entre los empresarios", como indicó la alcaldesa, pero que mantienen porque esperan que "con menos restricciones y recuperando la normalidad", sea el próximo año cuando más nuevos negocios se pongan en marcha en Cartagena.

Arroyo anunció también la práctica desaparición del “impuesto sobre las herencias, siguiendo nuestro compromiso". Para ello la parte municipal del impuesto de transmisiones se reduce en un 90%, continuando con los que se ha ido bajando progresivamente durante la legislatura.

La alcaldesa también ha señalado la ampliación de las bonificaciones del impuesto de bienes Inmuebles a las familias numerosas. “Para ello, vamos a ampliar el número de familias con derecho bonificación elevando el límite del valor de la vivienda, que estaba en 93.500 euros y pasa a los 94.500 euros. Calculamos que el número de familias con derecho crecerá un 15% con esta medida y podría superar las 2.000 familias”. Estas bonificaciones serán de un 60% del impuesto para las de categoría general y subirán hasta el 90% para las de categoría especial.