La alcaldesa Ana Belén Castejón (PSOE) hizo ayer un balance también de las actuaciones tramitadas en el Área de Calidad de Vida relativas a sanciones ambientales. La edil precisó que desde el 8 de septiembre de 2018 al 21 de mayo de 2019, este departamento ha impuesto 95 sanciones ambientales, que han supuesto multas por importe de 377.521 euros.
Igualmente la regidora dio cuenta de las licencias urbanísticas tramitadas entre el 3 de octubre de 2018 y el 21 de mayo de 2019, que contabilizan presupuestos de ejecución de obras por importe 72.331.679 euros, y que incluían la construcción, reforma o rehabilitación de 645 viviendas, así como la instalación o reforma de 268 locales comerciales o de negocio.
A través de estos trámites el Ayuntamiento obtendrá unos ingresos de 668.702 euros en concepto de tasas y de 2.893.267 euros por el impuesto de construcciones y obras (ICIO). En cuanto a sanciones urbanísticas, durante este periodo se han impuesto 55 que suman multas por importe de 266.983 euros. Según la alcaldesa, los datos muestran la «pujanza» y el «dinamismo» económico del municipio, aun a pesar de no haberse elaborado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras ser anulado por la Justicia en 2016 por una denuncia del empresario Tomás Olivo.
