La entrada en vigor de la actualización de la ley Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, el pasado mes de mayor se ha convertido en una buena noticia para los propietarios de inmuebles y también para los letrados.
El decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Antonio Navarro, destaca que en los últimos meses han aumentado considerablemente el número de casos que llegan a los despachos de sus colegas de profesión. No obstante, afirma que aún es pronto para cuantificar en qué medida se ha disparado el volumen de casos, ya que esgrime que la normativa lleva a penas unos meses en vigor.
De todos modos, Navarro confirma que el incremento de denuncias se debe a que ahora los dueños de las casas ocupadas ilegalmente ven que sus denuncias van a prosperar y no se van a enredar en la maraña judicial. Así, sostiene que la nueva ley favorece al propietario, al sacar el problema de la ocupación de la vía penal y pasar ésta a la vía civil. «Una vez que la denuncia llega al juzgado, y sin necesidad de que se celebre el juicio, el okupa recibe una notificación para abandonar la casa en cinco días hábiles», destaca el máximo exponente de la abogacía cartagenera. En ese sentido, el decano explica que la persona que está habitando la vivienda tiene que demostrar con algún documento que tiene derecho a vivir en ese lugar; «algo que nunca aportan», añade.
El decano enseñó a los integrantes de la Asociación de Jóvenes Abogados de Cartagena las novedades incluidas en la ley de Enjuiciamiento Civil en una charla que tuvo lugar el viernes. «Tras los cambios en al ley, el procedimiento a seguir es prácticamente similar al de un desahucio exprés», sostiene Navarro. El decano subraya que prácticamente la totalidad de los casos se ganan, salvo que exista alguna circunstancia extraordinaria. Por lo general, concluye que el procedimiento judicial puede estar finiquitado en cinco o seis meses. Si bien, incide en que estos plazos varían en función de la carga de trabajo que tenga cada juzgado. Hoy en día, los casos de ocupación se libran en uno de los cinco juzgados de Primera Instancia que hay en la ciudad de Cartagena.
Precisamente, el propio decano informó ayer a este periódico que ya se había iniciado la reforma del local de la calle Carlos III, dónde se trasladará el Juzgado de lo Social. En la actualidad, este órgano se encuentra en el Palacio de Justicia de Ángel Bruna. En las dependencias que ocupa ahora se instalará el segundo Juzgado de Familia. Navarro lamenta que las obras hayan sufrido tanto retraso y concluye que espera que estén concluidas para el mes de diciembre.
