El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales le ha dado la razón al Partido Popular, señaló ayer la edil popular Esperanza Nieto. «El procedimiento de contratación porque estaba mal hecho, afectaba a las condiciones laborales de los trabajadores y podría haber costado mucho dinero a los cartageneros».La resolución anula el anuncio de licitación, los pliegos del contrato y obliga al Ayuntamiento a iniciar un nuevo procedimiento con la redacción de unos nuevos pliegos que se adapten a las exigencias legales.En este sentido, Nieto ha explicado que "el procedimiento presentaba errores que podían suponer el pago de indemnizaciones a los licitadores y una merma en la calidad de los servicios, lo que habría sido un castigo para los cartageneros".Los errores mencionados corresponden a que la publicación en el BORM no cumplía el plazo de 15 días naturales como exige la ley. Además, el Ayuntamiento no publicó el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), tal y como establece la ley.Para la concejal popular, "el Gobierno tiene ahora la oportunidad de elaborar un nuevo proceso de contratación que permita dar seguridad jurídica y garantizar las condiciones de trabajo de 90 familias que dependen de este servicio. El Gobierno debe incluir la subrogación de la totalidad de la plantilla adscrita al servicio y asegurar la conservación de sus derechos adquiridos".Nieto ha insistido en que "el Gobierno tiene la obligación de trabajar en la defensa de los intereses de los cartageneros y y no poner en peligro el trabajo y las condiciones laborales de los ciudadanos del municipio".Nuevo varapalo que demuestra la incapacidad del Gobierno municipalEsperanza Nieto ha dicho que la resolución que anula el el proceso de licitación de parques y jardines es un nuevo varapalo para el Gobierno municipal" y lamentado que "los cambios que realizan suponen una chapuza tras otra"."El Gobierno va dando bandazos y es experto en destruir todo lo que funcionaba bien en el Ayuntamiento. Las decisiones políticas de López y Castejón perjudican a los intereses de los cartageneros y afectan a los servicios que se dan desde el Ayuntamiento", ha añadido.Entre los numerosos errores, se encuentran los proceso de adjudicación de los servicios de playas, de la grúa municipal y la limpieza de colegios, que suponen la inseguridad laboral y económica de los trabajadores que dependen de estos servicios.La concejal popular ha destacado que la peor decisión política ha sido la disolución del IMSEL, "un organismo con un consejo ilegal y que el Gobierno decidió cargárselo sin asegurar antes que los servicios que se ofrecían en las zonas del litoral cartageneros seguirían garantizados. Hoy las playas no están en condiciones para recibir a turistas y estamos sin los servicios necesarios, falta de limpieza y mantenimiento de sus infraestructuras".a explosión de una caldera ayer en Repsol se suma este año a un incendio originado tras otra anterior en la entrada superior de un depósito de azufre, aunque no hubo que lamentar heridos. Otro incidente, tuvo lugar en agosto de 2015 con dos heridos por la deflagración causada por una radial. En marzo de 2013 se produjo otro incendio en las inmediaciones de la refinería. s. g.