La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Región de Murcia solicitó ayer a la Fiscalía de Cartagena que investigue la presunta situación irregular laboral y el cobro presuntamente indebido de servicios extraordinarios no realizados de forma continuidad de un sargento de bomberos, que ha venido siendo consentida por parte del ayuntamiento de Cartagena, por si pudieran constituir un delito penal.

En el citado documento, Pedro Manzano, de CCOO, señala «que el sargento de bomberos, Martín Ruiz Valero (sindicalista del SIME), ha estado en situación irregular, y que esta situación se puso en conocimiento del ayuntamiento de Cartagena desde el año 2008, y se ha mantenido durante, al menos, siete años». Sobre este punto, añade que ha tenido una situación privilegiada de trato y decisión, ya que se encuentra en servicio activo hasta el 29 de abril de 2016, fecha en que mediante un decreto del concejal, le declaran en situación especial de segunda actividad».

Asimismo, expone a la Fiscalía que hasta la firma del citado decreto, «el sargento -por su actividad sindical- no ha acudido al trabajo ni un solo día, según consta en sentencia 13/2011 del Juzgado de lo Contencioso/Administrativo nº1 de Cartagena, del 26 de enero de 2011». Sin embargo, CCOO apunta que «ha venido cobrando horas RED por la realización de servicios extraordinarios, a pesar de que no realiza ningún tipo de servicio activo, al estar permanentemente en utilización de horas sindicales». El sindicato añade que «se pone en duda que realmente haga los citados servicios extraordinarios que cobra».

El sindicato dice que este bombero tiene una minusvalía reconocida del 65%, con efectos desde el 23 de enero de 2008, que le obliga a ir a diálisis dos días a la semana. Esta circunstancia incide directamente en la seguridad del sargento, sus compañeros y ciudadanos».

En su misiva, CCOO adjunta documentación y dice que pidió información al alcalde sobre estos hechos y el Ayuntamiento le contestó el 17 de mayo, después de un año, comunicando el decreto de su situación especial, y sin responder al resto de cuestiones, lo que pone en sospecha que la tramitación no se ha llevado con la transparencia y garantías necesarias».

Esta Redacción trató ayer, sin éxito, de contactar con Ruiz Valero.