24 de abril de 2014
24.04.2014

Justicia

El juez de 'Novo Carthago' quiere que Barreiro declare como imputada por prevaricación

El magistrado Manuel Abadía cree que "los indicios racionales de criminalidad contra la alcaldesa de Cartagena son muy sólidos y consistentes"

25.04.2014 | 13:15
Agustín Guillén y Pilar Barreiro, durante un pleno. en una imagen de archivo.

Silencio. Esa fue la respuesta de la alcaldesa Pilar Barreiro tras conocerse ayer que el juez del Tribunal Superior de Justicia de la Región que instruye el caso Novo Carthago, Manuel Abadía, quiere que declare como imputada por un presunto delito de «prevaricación continuada» (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta).

Así lo expresa en el auto que hizo público: « En el estado actual de la instrucción es necesario tomar declaración como imputada, con instrucción de sus derechos, a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por un posible delito de prevaricación». Pese a esta afirmación, el magistrado explica claramente por qué razón no la imputa él mismo. «El artículo 71 de la Constitución y el 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuyen la competencia (de imputar a la alcaldesa) a la Sala Segunda del Tribunal Supremo», señala Abadía, quien aclara que la condición de diputada en el Congreso de Barreiro la convierten en aforada.

Por esta razón, deriva la instrucción a la Fiscalía del TSJ para que se pronuncie sobre «si existen méritos para recibirle declaración como imputada y cuál es el órgano competente para realizarlo». Y establece un plazo de 30 días para que el Ministerio Público le dé una respuesta.

El juez investiga los trámites por los que se modificaron el Plan General del municipio para permitir la construcción de 10.000 viviendas, dos campos de golf y dos hoteles por parte de la empresa Hansa Urbana en un espacio supuestamente protegido junto al Mar Menor y que fue recalificado de suelo rústico a urbanizable hace más de una década.

El auto del juez señala que «es verdaderamente increíble la manipulación que se intenta hacer» para la recalificación de estos terrenos. Y añade que «todo se hace para destruir la legislación de protección medio- ambiental y para subvertir el ordenamiento jurídico en esta materia en su totalidad».

Señala a Barreiro y al entonces concejal de Urbanismo, Agustín Guillén –también imputado– como responsables de esta modificación. Y también sostiene que «los indicios racionales de criminalidad contra la alcaldesa de Cartagena son muy sólidos y consistentes, de suerte que de seguirse la prevaricación continuada en la que para conseguir el propósito de reclasificar el Espacio natural protegido Hansa Urbana S.A. tenía que contar necesariamente con la complicidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena».

El juez llega a aseverar que la alcaldesa «impuso su voluntad política por encima de la ley».

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