15 de febrero de 2018
15.02.2018
Tribuna libre

Persecución inaceptable

Réplica al artículo publicado ayer en este periódico con el título 'La alcaldesa falta a la verdad', firmado por el presidente de la empresa Arimesa, José García-Balibrea

15.02.2018 | 04:00

Es frecuente que cuando una mujer dice algo que pone en cuestión a un hombre, especialmente si es un hombre convencional, conservador y poderoso, la reacción pondrá en duda no solamente lo que diga, sino también su capacidad de hablar y su derecho a hacerlo. También es frecuente la reacción desproporcionada y emocional que les produce a estos hombres el atrevimiento de una mujer a hablar. Generaciones de mujeres han escuchado cómo se les repetía que deliran, que están confusas, que son maliciosas, conspiradoras, congénitamente mentirosas, o todo a la vez. Podríamos llamarlo el ´síndrome de Casandra´. La historia de Casandra, la niña que contó la verdad pero no la creyeron, no está tan arraigada en nuestra cultura como la de Pedro y el lobo, la del niño al que sí creyeron las primeras veces que contó la misma mentira. He estado reflexionando sobre Casandra, porque la credibilidad es un poder y porque demasiado frecuentemente a las mujeres se nos acusa de ser totalmente insuficientes en esta área.

Las líneas previas, extractadas del libro Los hombres me explican cosas, de Rebeca Solnit, son todo lo que voy a decir ante la actitud e insultos vertidos por José García-Balibrea en un artículo publicado ayer en este mismo periódico (La alcaldesa falta a la verdad, LA OPINIÓN, 13 de febrero de 2018, página 28).
Arimesa tiene cuatro sentencias judiciales que declaran su actividad ilegal y respaldan el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2009 en el que se acordaba la clausura definitiva y total de las instalaciones al carecer de la licencia de actividad oportuna. Un año después, la mercantil comenzó a tramitar un procedimiento ambiental que, según sus expectativas, le llevaría a obtener la licencia de actividad. Mi Gobierno llegó en junio de 2015, y desde entonces no hemos parado de trabajar en un doble sentido: cumplir las sentencias judiciales firmes y tramitar la documentación que la mercantil necesita para obtener la licencia de actividad.
En un Estado de Derecho como el nuestro, todos estamos sometidos a la ley. Arimesa era conocedora desde enero de 2015 de que tenía que cesar su actividad hasta que obtuviera la licencia, y ha desoído constantemente tanto a los jueces y tribunales como al ayuntamiento de Santomera. Pruebe usted, que me está leyendo, a saltarse una sentencia judicial durante tres años, y verá lo que pasa.
No podemos mirar para otro lado ante una sentencia judicial firme y tajante que expresa textualmente que Arimesa «sabe que está ejercitando una actividad sin licencia, y pese a ello, la continúa [?] consecuencia que no puede prevalecer sobre el interés general defendido por la Administración». No nos podemos saltar la ley. Aunque durante dos años hemos sido perseguidos, presionados, insultados e intimidados para hacerlo.
Por otro lado, nuestra tranquilidad es máxima en cuanto al procedimiento seguido en los trámites para otorgar la cédula de compatibilidad urbanística. Dudo que quien durante siete años no movió un papel en el anterior equipo de Gobierno municipal del PP esté tan tranquilo como lo estamos nosotros. El ayuntamiento de Santomera se ha paralizado varios meses para responder a esto, y siempre lo ha hecho con las garantías técnicas y jurídicas pertinentes. Por mucho que lo pida el señor García-Balibrea, no vamos a firmar una cosa si nuestros técnicos dicen que no es correcto. Lo siento, pero esto ya no funciona así. En el ayuntamiento de Santomera no somos los vasallos de nadie, aunque alguno lo pretenda.
El jefe de Arimesa ha obligado a los trabajadores a una persecución contra mis compañeros de equipo de Gobierno y contra mí. Llevo dos años aguantando insultos, intimidación en la puerta de mi despacho en el Ayuntamiento, persecución por las calles de mi pueblo. Y claro que entiendo la defensa de su medio de vida. Nadie nos tiene que explicar la lucha obrera; nuestras madres no nos han parido en el Ayuntamiento. Sus preocupaciones no me son ajenas, ni sus desvelos tampoco. Pero los responsables de su situación no están en mi Gobierno. La sentencia a la que me he referido anteriormente dice que no consta que la resolución de la obtención de la licencia esté siendo obstaculizada por el Ayuntamiento, y que tampoco es esta la sede adecuada. ¿Para cuándo una movilización en la sede adecuada?
Desde luego que hay quien está haciendo de esto una cuestión política. Pero no somos precisamente nosotros. Lo hace quien no acepta que, al igual que cualquier hijo de vecino, está sometido a la ley y tiene que cumplirla.
Arimesa desarrolla su actividad minera en Santomera desde hace 43 años, y siempre con problemas y juicios. El anterior equipo de Gobierno del PP ya le precintó una hormigonera ilegal, pero no pasó nada. García-Balibrea no perdió su tiempo en insultar al alcalde del PP entonces. Conmigo está todo permitido.
Estamos hablando de un recurso natural que antes o después se agota. No podemos construir sierras para explotarlas. Santomera es un pueblo digno y con un Ayuntamiento que tiene al frente un equipo de Gobierno responsable. Una acción de gobierno ejemplar que ha desterrado el clientelismo caciquil, que crea empleo por encima de la media regional. Un lugar en el que eligen instalarse empresarios ejemplares que cumplen la ley. Recientemente hemos llevado a cabo el mayor desarrollo de suelo industrial de las dos últimas décadas que pronto dará acogida a dos grandes empresas. Otra ya lo ha hecho, mientras que dos más amplían actualmente sus instalaciones. Pero siempre con la ley por delante, sin poner en riesgo su actividad ni el medio de vida de sus trabajadores.

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