El Castillete

155 para todos

"Que España no es una dictadura fascista es una evidencia; ahora bien, que padecemos una democracia low cost también lo es"

13.11.2017 | 04:00
155 para todos

Vivimos tiempos extraños en los que abundan quienes sostienen simultáneamente una cosa y su contraria, sin que ello les provoque ningún tipo de conflicto intelectual o moral; tampoco repudio alguno en la opinión publicada. Así, tras la resolución de la Justicia belga que dejaba en libertad sin fianza a aquella parte del Govern catalán que huyó a Bruselas, el establishment político y mediático se ha lanzado en tromba a defender que en el Reino de España no se vulneran los derechos humanos y existe plena separación de poderes. Una buena parte de quienes así piensan no tiene reparo en afirmar, a la vez, que el delito por el que se ha detenido y encarcelado a Junqueras y sus compañeros (en lo fundamental, el de rebelión) no se ha producido, que el órgano que ha determinado el encarcelamiento (la Audiencia Nacional) no es competente para juzgar dicho delito y que ha existido una clara indefensión en lo tocante al derecho de defensa. Es decir, según este razonamiento contradictorio, en un país donde un alto tribunal del Estado podría estar prevaricando al imputar a personas un delito inexistente (asumiendo la acusación de una Fiscalía gubernamental), sobre el que además carece de atribuciones, existen plenas garantías jurídicas y rige el Estado de Derecho.

Pero hay más contradicciones, que se derivan en buena medida de la arriba expuesta. Se dice que en España no hay presos políticos, y que tanto 'los Jordis' como la mitad del Govern (y quizás la mesa del Parlament) están encarcelados no por sus ideas independentistas, sino porque han vulnerado la ley y la Constitución. Veamos. Se puede vulnerar la ley, incluso la Constitución, y ello no implica necesariamente un auto de prisión sin fianza. Si yo dejo el coche en doble fila, evidentemente estoy incumpliendo la ley, pero ello me hace acreedor, a lo sumo, de una multa. Sin embargo, si lanzo mi vehículo a 150 kilómetros por hora en un tramo de 50, saltándome semáforos, también estoy quebrantando la ley, pero tamaña tropelía me conduce casi con seguridad a la cárcel. El Govern incumplió la ley al declarar la DUI, pero la gran mayoría de juristas no ve en ello sino un delito de desobediencia, que no conlleva prisión. Por tanto, esas personas estarían en la cárcel por un delito que no han cometido, lo cual se parece mucho a estar privado de libertad por las ideas.

Con la aplicación del manido artículo 155 también afloran incongruencias importantes en sus defensores. Aducen que se está cumpliendo la Constitución, pero ésta en ninguno de sus apartados contempla la suspensión completa del autogobierno de una Comunidad y el cese de su Gobierno legítimo. Tampoco en el 155, donde se establece que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma a cumplir con sus obligaciones. No se puede exigir a alguien que cumpla con sus obligaciones tras haber sido cesado.

Que España no es una dictadura fascista es una evidencia, y por tanto carece de los presos políticos que se derivarían de una represión tan generalizada e intensa como las propias de aquel sistema político. Ahora bien, que padecemos una democracia low cost resulta obvio. Como también lo es que el Gobierno del PP y las dos muletas que lo apoyan, PSOE y Ciudadanos, han emprendido una ofensiva no sólo contra el soberanismo catalán, sino contra el autogobierno de otras Comunidades autónomas y los derechos sociales que de éstas puedan emanar. Así, el tándem PP-Tribunal Constitucional se ha cargado la ley de las 35 horas en el sector público andaluz y amenaza con eliminar las Leyes de Función Social de la Vivienda y de Pobreza Energética promulgadas por la Generalitat Valenciana. Montoro ha intervenido las cuentas del ayuntamiento de Madrid, a pesar de su salud financiera, simplemente para recortar el gasto social del gobierno de Carmena. Recortes que en las cuentas del Estado quieren perpetrar PP y Ciudadanos en los ámbitos de sanidad, educación, pensiones e inversiones. Hay 155 para todos.

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