"Murcia depende de las lluvias"; me pareció leerle el otro día a la ministra Tejerina. Frase palmaria y premonitoria, pero impropia de quien, desde tan alta magistratura, debería ocuparse de solventar problemas y no de explicitar axiomas que, por su obviedad, dejan en evidencia a quien los pronuncia. Suerte que en tiempos pretéritos se impulsó la construcción de pantanos y canalizaciones de cuyas rentas hemos malvivido durante estos años; y que han solapado la indolencia y cobardía de las distintas administraciones que se han sucedido a lo largo de estas últimas cuatro décadas. Les daré un dato. Nueve de los diez embalses más grandes de España se inauguraron entre los años 1935 y 1977. Sólo el embalse pacense de La Serena (el más grande del país) se inauguró en la democracia (1989). Otro apunte más. El trasvase Tajo-Segura ha sido, sin duda, una de las obras de ingeniería más colosales y ambiciosas jamás ejecutada en España. Ya en 1932, siendo ministro de Obras Públicas Indalecio Prieto, asomó el proyecto de este trasvase, si bien hubo que esperar a 1966 para que se iniciaran las obras. En 1979 las primeras aguas provenientes de los embalses de Entrepeñas y Buendía regaron tierras murcianas.
Hay una España seca y otra húmeda; cuencas excedentarias y otras deficitarias; pantanos y ríos rebosantes y otros que languidecen de forma irremediable. Cierto es (siguiendo la sesuda introspección de la ministra) que, cuando el cielo llora, nuestros campos sonríen. Pero sería deseable que quienes nos gobiernan, a los que se les supone mejor y superior criterio, se ganaran el sueldo. Porque, para aseverar evidencias de perogrullo no es preciso, ni aconsejable, portar una cartera ministerial. No quisiera ser injusto con la ministra, pues ella, en esta cuestión, ha venido a hacer lo que sus predecesores: nada, absolutamente nada.
La vigente regulación jurídica del agua tiene sus orígenes en el derecho romano, en el Fuero Juzgo y en las Partidas de Alfonso X El Sabio. Seré sucinto, pues el tema no da para más. Las aguas continentales (superficiales y subterráneas), los lagos, lagunas, acuíferos, pantanos, las aguas marítimas... Conforman el dominio público hidráulico y su gestión compete sólo al Estado. Es decir, poco o nada importa que un río pase por un predio particular o por Guadalajara (pongamos por caso), y dicha eventualidad no otorgaría derecho alguno. El agua, por su carácter radicalmente esencial para la vida, el medio ambiente y la economía, queda en manos del Estado, aunque éste, por razones de índole organizativa, se ramifica en cuencas hidrográficas y demarcaciones territoriales. Parece evidente, por tanto, que el Gobierno tiene todo el poder para adoptar soluciones; cosa distinta es que rehuya su responsabilidad o permita la invasión competencial de algunos estatutos de autonomía, con aires de grandeza.
Las cuencas del Segura, Júcar y Mediterránea Andaluza son, desde una óptica estructural, las más deficitarias de España, pues sus recursos son inferiores al consumo medio de sus habitantes. El resto de cuencas tiene superávit hídrico. En la España seca llevamos décadas haciendo de la necesidad, virtud. Entre otras medidas, los sistemas de riego se han optimizado y racionalizado hasta límites insospechados; se han puesto en marcha mil y una campañas de concienciación ciudadana; se han construido cientos de embalses; se han optimizado las canalizaciones de acequias para evitar el filtrado, se han instalado sistemas para la depuración y reutilización del agua y se han construido desaladoras. Murcia, junto a Israel, es una referencia mundial en lo que a la racionalización del agua se refiere. Y, pese a los esfuerzos públicos y privados, el problema persiste y se agrava. La cuenca del Segura no puede abastecer las necesidades de los ciudadanos y el agua es sensiblemente más cara que en otras latitudes, lo cual implica una injusticia inaceptable y una merma en la capacidad competitiva de nuestra agricultura e industria. No rehuiré asunto alguno. Nunca he creído en una economía planificada, pero donde yerra la iniciativa empresarial, la administración puede y debe intervenir para poner orden. Murcia debe exigir, porque la razón y la justicia natural está de su parte, la definitiva solución de este gravísimo problema. Pero debe estar dispuesta a racionalizar la agricultura para que ésta sea competitiva, sostenible y respetuosa con el medio natural.
La sobreexplotación de los acuíferos causa problemas medioambientales; el trasvase Tajo-Segura (cuyas bondades nadie niega) se ha mostrado insuficiente y las desaladoras, por razones ya conocidas, no han respondido a las expectativas creadas. Resulta humillante seguir mendigando trasvases o confiar en la intercesión de nuestros patronos a los que, de forma tragicómica, les endosamos una responsabilidad excesiva.
En el Gobierno de Negrín de la II República, el director general de Obras Hidráulicas (el aragonés Félix de los Ríos) diseñó el trasvase del Ebro como forma de paliar la endémica carestía de agua de Valencia, Murcia y Almería. El Ebro es el río más caudaloso de España y, con sólo el 6,1% de su caudal, se resolvería este severo problema. El 70% del agua del Ebro se vierte al mar y hay quienes, antes que socorrer a valencianos, murcianos y almerienses, prefieren verter el agua al Mediterráneo.
Tras no pocos quebraderos de cabeza, el PP de Aznar aprobó el trasvase del Ebro en el año 2001 y en febrero de 2004 éste, junto a un corolario de autoridades, colocó la primera piedra de esta colosal obra, en su extremo sur, en Almería. Pero ese mismo año, Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa, y el PSOE se apresuró a derogar dicho proyecto. Nuestro gozo en un pozo.
En números redondos, el coste del trasvase se habría ido a unos cuatro mil millones de euros. Sin ir demasiado lejos, el coste de tres aeropuertos (sin aviones) y del rescate de las autopistas (sin coches) se eleva a más de seis mil millones de euros. En ocasiones, se ha puesto sobre la mesa el trasvase del Ródano pero, ¡ por Dios bendito!, el grifo ha de estar en tierra española. Conviene no perder la perspectiva. Estamos hablando de agua; ese elemento sin cuya presencia la vida no puede abrirse paso. La escasez de agua, de no ser resuelta, se llevará por delante nuestra agricultura y condenará a cientos de miles de personas a una vida incierta. Para que se hagan una idea: la exportación hortofrutícola de Alicante, Murcia y Almería se eleva a unos seis mil millones de euros, lo cual representa el 42% del conjunto nacional. La mano de obra (fija, fija-discontinua y eventual) que generan nuestros campos es tremendamente significativa y la riqueza creada a todos nos alcanza.
Luego... Si hay soluciones, si son viables, si con ellas se podría garantizar el agua allí donde se precisa... ¿Por qué nadie hace nada? Me temo que las respuestas a estos interrogantes son muy desalentadoras. El trasvase del Ebro conllevaría la oposición frontal de territorios con mayor peso político que Murcia y con el sillón, queridos amigos, no se juega. Se trata, además, de obras que podrían durar varias legislaturas. Para cuando tocase cortar la cinta, es más que probable que los flashes y titulares de prensa tuviesen otros protagonistas. Para ese viaje, demasiado peso en las alforjas. El sentido de Estado, el interés general, la solidaridad entre los territorios, la concepción jurídica y sentimental de país no dejan de ser expresiones de las que, a juzgar por los hechos, estos políticos no se sienten en absoluto concernidos.
Como bien dijo Winston Churchill, «el político se convierte en estadista cuando piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones».
Pues eso...
