En la Administración pública española, no importa en qué cuerpo porque casi todos se mueven con el mismo ritmo, el primer criterio fijado por las distintas bases de las diferentes convocatorias, para promocionar en los variados cuerpos, es el tiempo de servicio activo que, a mí, qué quieren que les diga, nunca me pareció lo más sensato porque hay gente que se pasa en el mismo puesto toda su vida y al final de la misma no han dado sensación de haber aprendido nada. Dicho esto, las normas son para cumplirlas, sobre todo si hablamos de jueces.
Pero miren por dónde, aquí, cuando dichas normas se dejan de cumplir, invariablemente es una mujer la afectada. Desconozco los motivos, aunque los imagino, pero así ocurre. Porque esto es lo que pasó en la elección de Pascual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, cuando competía para dicho nombramiento con una juez permítanme que me tome la licencia de decir una juez, y no un juez, María Pilar Alonso Saura, que se encontraba 1.160 puestos por encima, en el escalafón, del a final nombrado Pascual del Riquelme. Y esto hubiese necesitado de una exhaustiva explicación porque a mí se me ocurre solamente una: machismo o, si les resulta más políticamente correcto, discriminación de la mujer, en este caso de la jueza María Pilar Alonso Saura. Y hablo del asunto ahora, pese a que el señor Riquelme ocupó su puesto hace más de un año, porque es ahora cuando se ha manifestado al respeto el Tribunal Supremo, que ha anulado dicho nombramiento.
Un nombramiento que fue acordado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en enero de 2015 y que provocó que seis vocales del mismo suscribieran un voto particular en el que acusaban a la mayoría del Consejo de discriminar a la candidata. Que digo yo que alguna razón tendrían estos vocales porque, como apunto antes, Alonso Saura se sitúa en el escalafón de la carrera más de mil puestos por encima del designado. Y teniendo en cuenta que el primer criterio fijado por las bases de la convocatoria para el nombramiento era el tiempo de servicio activo, y la aspirante femenina, al parecer, es una de las más antiguas en la carrera judicial, superando en casi diez años en este aspecto a Riquelme, y el segundo criterio era el ejercicio en civil y penal, en el que María Pilar Alonso ha estado veintitrés años en la Audiencia Provincial de Murcia, con competencias civiles y penales, mientras que Miguel Pascual del Riquelme sólo ha sido juez de instrucción, pues qué quieren que les diga. Que hay motivos suficientes, al parecer, para tener en cuenta el voto particular redactado por la vocal y entonces presidenta de la Comisión de Igualdad, Clara Martínez de Careaga, quien consideraba el nombramiento una «discriminación en razón de su sexo», añadiendo que la decisión «bordea la arbitrariedad», «no respeta los principios de mérito y capacidad e incumple los requisitos anunciados en la convocatoria».
El caso es que hace unos días, tras una larga deliberación, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo anulaban el nombramiento por 18 votos frente a 15, al entender que la motivación que hizo el CGPJ no fue suficiente ni razonable, según han informado fuentes del tribunal. O lo que es igual, el Pleno de la Sala Tercera estima así el recurso de la magistrada Pilar Alonso Saura, quien optó al puesto y fue derrotada por Pascual del Riquelme.
Pues verán, a mí, como mujer, me resulta un tanto mosqueante que con lo que vamos conociendo del asunto la decisión del Supremo, al parecer, no esté basada en una posible discriminación por sexo, porque la superioridad del currículum de María Pilar Alonso Saura sobre el de Miguel Pascual del Riquelme es sencillamente apabullante.
