Carta de ajustes

Cieza: atentado contra el padre Segura

23.10.2015 | 04:00
Cieza: atentado contra el padre Segura

Ni aprenden ni escarmientan. Porque ni quieren aprender ni les importa el escándalo ni el castigo en las urnas, las condenas judiciales o, mucho menos, los daños irreparables al medio ambiente. Hablo del proyecto de Paseo Ribereño que, elaborado por la empresa pública del agua, Acuamed (ministerio de Agricultura) desarrolla el ayuntamiento de Cieza cofinanciado con la Unión Europea, habiendo adjudicado las obras, por encomienda, a la también empresa pública Tragsa (grupo Sepi), que se ha lanzado con toda la furia sobre el río y sus riberas porque las obras deben estar finalizadas el 31 de diciembre.

El convenio cerrado entre el ayuntamiento de Cieza y Acuamed presenta claros vicios de forma y fondo, con un espeso tinte prevaricador, ya que las obligaciones aceptadas por el primero comprometen seriamente las arcas municipales y, además, las cargan con obligaciones futuras „mantenimiento, proyectos adicionales, sobrecostes„ que la corporación anterior (mayoría absoluta del PP) debiera haber rehusado y que la corporación salida de las elecciones de mayo debiera haber bloqueado, denunciado y llevado a los tribunales en su día, ya que atenta expresa y fervorosamente contra la economía municipal (sorprende la actitud del alcalde actual, que pretende eludir capacidades y responsabilidades atribuyendo todo a la iniciativa del Estado). Esas obligaciones, en gran medida innecesarias y que llevan el sello de esa venalidad financiera que con tanta profusión viene escandalizando a la Región, podrán acercarse al millón de euros (si no hay sorpresas), contando con el 20% de las obras, los intereses de un parcial, pero obligado, endeudamiento y los ´imprevistos´ que el convenio adjudica al erario local. Inocultable resulta, pues, la pinta del caso: el saqueo del contribuyente.

El proyecto pertenece, también, a ese género de ocurrencias que, so capa de necesidad (en este caso, el adecentamiento de las riberas del río) en realidad está orientado al beneficio de alguien que busca posteridad y brillo con una obra vistosa y cara que, ante el riesgo de que resultase inviable por el cambio político local, se decidió unos días antes de las elecciones de mayo, dejando a los siguientes el marrón, la hipoteca y las habituales sorpresas (que, como sabemos los murcianos, suelen traducirse en costes públicos de impacto demoledor).

Más los costes ambientales porque, parece mentira que todavía rijan obras brutales y antiecológicas, lesivas para el río y su complejo „a la vez que sagrado„ ecosistema. Porque, contra los elementales y bien probados criterios ecológicos de actuación „siempre relacionados con obras mínimas, precisas y meditadas que generalmente resultan más útiles y capaces de mejorar situaciones alteradas„, se siguen prefiriendo los proyectos espectaculares, caros y perturbadores. Se nos aparece una y otra vez el espíritu necrófilo de las peores Icona e Iryda, esta última especializada en arrasar ecosistemas fluviales y cuyo estilo sobrevive (por cierto, el proyecto actual incluye playas fluviales artificiales, cuando las naturales ya fueron destruidas por obras de los años 80).

Nos hayamos de nuevo ante esas empresas de proyectos o constructoras, sin sensibilidad ni objetivos ambientales, y menos si pertenecen a ese entorno burocrático, productivista y socialmente ambiguo de las empresas públicas que al mismo tiempo son sociedades anónimas («para dar agilidad en la gestión a las obras estatales», se ha dicho siempre como justificación del engendro, una trampa que las instituciones se hacen a sí mismas, y tan contentas). Vuelven a la carga esas empresas que, dedicadas al medio ambiente, derrochan incompetencia, brutalidad y hasta mala leche, cuya tecnología es sumaria y expeditiva, a base de maquinonas de alta eficacia económica que someten exitosamente a la naturaleza y la esterilizan, generando problemas tan innecesarios como bien conocidos.

Lo de menos „aunque no sea disculpable„ es que no se haya elaborado estudio o declaración de impacto ambiental algunos, ya que la legislación de los últimos años (rácana con la protección, permisiva con los bárbaros) ha excluido de la necesidad de aplicar este instrumento mínimamente protector a obras de este tipo; porque lo realmente grave es lo que ahora mismo hace Tragsa: destruir y maltratar la obra que el propio río desarrolla, con el tiempo, para su protección y la del entorno (incluyendo la ciudad de Cieza), y que esencialmente consiste en la vegetación de ribera, con el cañaveral y su complejo florístico, que no es sustituible por nada mejor. Mucho menos por esas escolleras, agresivas y que resumen, con el eslogan de ´regenerar el río´ o ´sanear las riberas´, una ideología brutal y analfabeta, destinada a crear problemas futuros ya que responden a un odio profundo a la naturaleza viva. La escollera y su superficie lisa nada tienen que ver con la irregularidad del cortejo de vegetación de ribera, que frena natural y eficazmente las avenidas y las (legítimas) salidas de tono del río.
Estas obras aniquilan, además, la memoria vital, familiar y colectiva de los ciudadanos, que se ven forzados a enfrentare a espectáculos sórdidos de demolición, arrasamiento y recreación de realidades nuevas, sin relación con el pasado y provocadoras de desolación e ira; que responden „dicen sus promotores„ a necesidades nuevas, a ´demandas ciudadanas´ que hay que atender€

Tampoco podía faltar el acompañamiento de detalles de cepa escandalosa; como la actuación de Fernando Tamayo, hijo del exalcalde y él mismo exconcejal y „pista a seguir„ exempleado de Tragsa (la empresa adjudicataria, sin concurso, de estas obras nefandas), cuya labor de embaucamiento con buena parte de los vecinos a los que había que expropiar también ha resultado eficaz.

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