Terminar las reformas y dar paso a la recuperación

Bajo control de la «troika». La perseverancia en una política económica errada, además de errática, tiene sus consecuencias. Con su auto de fe del miércoles en el Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy ha venido a reconocer lo que hasta hace unos días él y su Gobierno negaron: la intervención europea sobre la economía española es un hecho. La «troika» comunitaria ejercerá el control sobre un préstamo bancario que, desde luego, no servirá para sacar al país del atolladero en que se encuentra. Tampoco es seguro, a falta de una mayor definición, que esto se vaya a lograr con el ajuste de 65.000 millones anunciado por el presidente. Fundamentalmente porque los severos recortes afectan sobremanera a las economías que inciden sobre el consumo, favoreciendo una vez más que el estancamiento privado siga alimentando el endeudamiento público, y apenas reducen el tamaño del Estado autonómico y las Administraciones, verdaderos ejemplos de dilapidación de los recursos del erario.

La mayor fuente de desconfianza de la Unión Europea y de los mercados frente a la economía española procede precisamente de ahí. De hecho, estos últimos volvieron a responder de manera desfavorable para España con subidas de la prima de riesgo tras los recortes anunciados en el Congreso, y el propio Gobierno pudo comprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que resultará complicado embridar el gasto de las autonomías, teniendo en cuenta que incluso algunas de las que se encuentran gobernadas por el PP, Castilla y León y Extremadura, mantienen una rebeldía contra el déficit impuesto por el ministro Montoro.

El vértigo del euro. En las actuales y tristes circunstancias, el país tiene ante sí dos alternativas: seguir en el euro o salir de él. Dado el vértigo que produce esto último, la opción, en las actuales circunstancias, es continuar, pero ha de ser en determinadas condiciones. España se encuentra ante un rescate similar al que han sufrido otros países de la eurozona que, en el caso irlandés por ejemplo, ya no padece el castigo de tener que acudir a los mercados para financiarse cada día con bonos más caros. En España, hay que cumplir además 32 estrictas condiciones como consecuencia de la línea de crédito solicitada para recapitalizar los bancos. El Gobierno, que negaba obstinadamente hasta hace muy poco que Europa exigiese unas contrapartidas significativas, se está dando cuenta de que quien pone a disposición de una banca nacional la suma de 100.000 millones de euros es lógico que pretenda fiscalizarla, sobre todo después del último escándalo en Bankia. Resulta imprescindible la reestructuración del sector financiero, ya en marcha, y el rescate a los bancos, aunque se está cayendo en la equivocación de tratar por igual a todas las cajas y gestores de cajas cuando es evidente que no todos son iguales. También es necesario combatir el fraude fiscal, evitar la duplicidad del gasto en las Administraciones y regular el cobro de los servicios públicos.

Bajando peldaños. El error de Mariano Rajoy es que, aunque con mayor intensidad y en una situación límite, está haciendo lo mismo que su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero: ir detrás de las órdenes de cornetín de Europa, en vez de haberse decidido a abordar tras ganar las elecciones un plan de ajuste adaptado a las necesidades de un país en el que la elevada deuda privada está arrastrando a la pública (las familias y empresas deben algo más de dos billones de euros y las Administraciones, más de 0,7 billones). Si Rajoy hubiese tomado la iniciativa, ello habría permitido iniciar el camino de la recuperación y empezar a ver algo de luz al final del túnel. Probablemente estaríamos en la búsqueda del círculo virtuoso. Como no fue así, seguimos descendiendo peldaños y con un horizonte pesimista.

Lo que pretende ahora el presidente del Gobierno de manera desesperada es aplicar un último parche a ver si evita un rescate general del país. Muchas de las medidas adoptadas son necesarias porque desde 2002 se disparó el gasto publico sin mejorar los servicios correspondientes, pero el ajuste, a pesar de su magnitud y a falta de conocer aún la letra pequeña, no va a ser el último. Queda pendiente de modo inevitable la reforma de la Administración. Según datos del propio ministerio de Hacienda, el número de empleados de las Administraciones públicas ha aumentado un 6,61% durante la crisis: En junio de 2011 había un total de 2.690.099 trabajadores, 178.061 más que en enero de 2007. La Región de Murcia (véase la página 12 de LA OPINIÓN de hoy), cuenta con 10.000 funcionarios más que hace cuatro años (en total, 58 por cada mil habitantes, por encima de la media nacional). En sector público ha crecido hasta hacerse tan mastodóntico como inasumible para los ciudadanos esquilmados de este país. En vez de adelgazar el aparato burocrático del Estado, las autonomías y los Ayuntamientos, ajustando el gasto a la recaudación, se ha optado por desincentivar la apuesta por el crecimiento, por desviar recursos del poder adquisitivo y frenar la capacidad de compra del contribuyente.

Tijeretazos y reactivación. Reducir el gasto en las parcelas que el Gobierno pretende hacerlo y tratar de aumentar los ingresos vía impuestos no parece lo más adecuado, teniendo en cuenta que en una fase de escasa actividad se pueden subir los tipos del IVA todo lo que se quiera sin que la recaudación crezca lo esperado. La gran reforma para conseguir un país más competitivo sin poder devaluar la moneda está todavía pendiente, y una medida necesaria es disponer de una Administración asumible. Hasta conseguirlo, vamos dando tijeretazos al bienestar social que no contribuyen a la reactivación de la economía.