Los dos menores de edad que acosaron a Lucía, la niña de 13 años que la semana pasada se suicidó en Aljucer, solamente podrán ser llamados a declarar en calidad de testigos. Dado que no han cumplido los 14 años, no pueden ser imputados.

Así lo confirmaron ayer fuentes policiales, que apuntaron que seguían compareciendo ante responsables del Grupo de Menores (GRUME) personas relacionadas con el entorno educativo de la menor, entre ellos el director del IES Ingeniero de la Cierva, en la localidad murciana de Patiño, donde la niña sufrió el acoso.

Pese a que los dos menores admitieron el bullying -según se lee en un informe del IES, al que tuvo acceso LA OPINIÓN- y el centro les expulsó, por esto, cinco días a uno y un día al otro, no tienen ninguna responsabilidad penal. No la tendrían en ningún supuesto, debido a su edad.

De acuerdo con la legislación, no se puede exigir responsabilidad penal a un menor de 13 años, sino que se le debe aplicar lo que disponen las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y otras disposiciones vigentes en España.

Una muestra: en abril de 2015, un niño entraba en su instituto de Barcelona con una ballesta y un machete y mataba a un profesor. Al mes siguiente, el juez archivaba la causa, porque el menor era inimputable. Sí se le llevaba al departamento de psiquiatría pediátrica de un hospital, para ver si tenía algún problema mental.

Volviendo al caso de la muerte de Lucía, uno de los acosadores confesos es un alumno de integración. En concreto, «alumno de integración con discapacidad psíquica ligera, con una situación familiar desfavorable», y que, según el informe que hizo el IES de Patiño, «no presenta una actitud con Lucía distinta a la que mantiene con el resto del alumnado, siendo un alumno con una conducta muy disruptiva».