Un largo listado de testigos con bastantes nombres propios de funcionarios municipales y políticos. Esto es lo que plantea el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano en su escrito de acusación en la pieza separada Nueva Condomina, que se desgajó del caso Umbra, y que el juzgado de Instrucción Número 8 ha enviado ya a lo Penal para sentar en el banquillo al que fuera alcalde de Murcia durante los últimos 20 años, Miguel Ángel Cámara.

Tanto el mandatario municipal como los dos imputados: Pedro Morillas, exdirector de la extinta Gerencia de Urbanismo, y Joaquín Peñalver, arquitecto municipal y ex jefe de Planeamiento de la concejalía de Urbanismo, están acusados de un delito continuado de prevaricación urbanística. Cámara se enfrenta a diez años de inhabilitación para cargo o empleo público, lo mismo que el Ministerio Público pide para Morillas, frente a los ocho que solicita para Peñalver.

Para el juicio que debe celebrarse en lo Penal, si así lo considera oportuno la autoridad judicial, Lozano aporta la lista de testigos que deben comparecer en el tribunal. Entre los nombres que figuran en esa relación están Joaquín Romeu, que inició junto a Jesús Samper, el dueño del club Real Murcia que falleció recientemente y que también estaba imputado en esta pieza separada, el proyecto de Nueva Condomina, y Carlos Egea Krauel, presidente entonces de Cajamurcia, hoy Mare Nostrum.

El fiscal Anticorrupción también quiere que comparezcan Ana María Vidal, la jefa de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, así como los funcionarios municipales Alfredo Mérida, jefe de servicio de Gestión Urbanística, y Juan Migul Alcaráz, jefe de servicio técnico de Planeamiento. Además, cita a los exconcejales Miguel Cascales (fue durante los veinte años de Cámara concejal de Deportes); Ginés Navarro (ostentó la responsabilidad de Urbanismo en el primer Gobierno del PP), y Pilar Megía (fue también concejala de Urbanismo y llegó a estar imputada en el caso, pero posteriormente fue exhonerada). De la oposición, pretende que vayan al juicio oral como testigos José Salvador Fuentes Zorita, portavoz del PSOE en los años en los que gestó el convenio de Nueva Condomina, al igual que Concha Hernández, portavoz de IU en el Ayuntamiento en esa misma época.

A estos exconcejales, sin duda, les sonará este caso, pues ya han pasado por el juzgado de Instrucción Número 8 para declarar sobre el asunto Nueva Condomina.

El fiscal Anticorrupción detallaba en su calificación que Miguel Ángel Cámara, «con la colaboración imprescindible de Morillas, decidió directamente todos los aspectos favorables al proyecto Nueva Condomina, removiendo en unos casos y vulnerando en otros aspectos de legalidad». Según se lee textualmente en la calificación fiscal, remitida al juzgado en febrero pasado, el que fuera alcalde con el PP durante veinte años «fue adoptando decisiones en el ámbito de su responsabilidad en el proyecto Nueva Condomina desde 1999 a 2003, incluso en reuniones oficiosas al margen del procedimiento, anteponiendo conscientemente a la legalidad exigible el afán político de unos y mercantil de otros para obtener un nuevo estadio de fútbol en el marco de un proyecto inmobiliario, realizando los cambios normativos oportunos consensuados previamente y forzando siempre las interpretaciones normativas del modo más favorable al exigente promotor privado tanto económica como urbanísticamente».