El que fuera jefe de Planeamiento Urbanístico del ayuntamiento de Murcia Joaquín Peñalver, investigado en la pieza separada del caso Umbra conocida por Convenio Nueva Condomina, ha dicho que, en contra de lo sostenido por el fiscal Anticorrupción, el órgano competente para juzgar los hechos es la Audiencia Provincial de Murcia, y no un juzgado de lo penal.
Esas afirmaciones se contienen en el escrito de defensa entregado en el Juzgado de Instrucción que ha investigado los hechos de presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad de Murcia, en el que se declara inocente y solicita su absolución.
El documento señala que su responsabilidad en relación al plan parcial Nueva Condomina se contrae a la emisión de cinco informes técnicos, uno de los cuales admitía el exceso de edificabilidad en el sector residencial y otro la falta de exigencia de parte del diez por ciento de aprovechamiento; este último, sin hacer constar la falta de informe de valoración.
«Estos informes -dice la defensa de Peñalver, el abogado Raúl Pardo-Geijo Ruiz- fueron emitidos en el ejercicio adecuado de su función y con el convencimiento de que su actuar era correcto con arreglo a su leal saber y entender».
«Distinto trato del fiscal»
«Además -añade-, hay que tener en cuenta que todos ellos venían avalados por otros de su superior jerárquico, que tenía un mayor grado de conocimiento sobre la cuestión que él».
Por otra parte, Peñalver muestra su sorpresa por el distinto trato del fiscal, ya que este, al analizar la actuación de un jefe de servicio, lo exonera de responsabilidad porque se limitó a seguir el criterio de su superior y, en su caso, mantiene una postura contraria y lo acusa, cuando hizo lo mismo.
El escrito de defensa deja constancia igualmente de que mientras en el auto judicial de transformación del procedimiento el juez instructor imputa el delito de prevaricación a Peñalver como autor directo, el fiscal lo hace como cooperador necesario e inductor.
En febrero de 2015, el titular del juzgado de Instrucción 8 de Murcia acordaba crear una pieza separada dentro de las Diligencias Previas del caso Umbra, de presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia, en las que se investigan, entre otros, los presuntos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, que pudieran derivarse de la tramitación de convenios urbanísticos de la zona norte de la capital de Murcia y sobre la rehabilitación del Casino.
Esta pieza se dirigía contra el empresario y promotor del complejo Nueva Condomina, Jesús Samper (ya fallecido); el ex director de la Gerencia de urbanismo de Murcia, Pedro Morillas; el ex jefe de Planeamiento Urbanístico de Murcia, Joaquín Peñalver; y el que fuera alcalde de Murcia hasta 2015, Miguel Ángel Cámara, sin perjuicio de que estuvieran imputados en otra pieza o en la causa principal por otros hechos distintos.
