­El caso de las esculturas colocadas en las rotondas de la ciudad, cuando era responsable de Urbanismo Fernando Berberena, imputado en el caso Umbra, de momento no será investigado por un juzgado pese a que el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano había instruido un expediente y puso denuncia en los tribunales el pasado 30 de octubre, al entender que se podría haber cometido prevaricación, cohecho y falsedad en documento público. El fiscal señaló a Berberena, José Fermín Serrano, dueño de la Galería La Aurora, y el técnico municipal Juan Antonio Blanco.

El juzgado de Instrucción Número 3 cuyo titular es Brígida Gil Páez, en un auto dictado el pasado martes al que ha tenido acceso esta Redacción, ha decretado la no admisión a trámite de la denuncia del fiscal Lozano, al considerar que el Ministerio Público no ha aportado «indicio ni principio alguno de prueba que permita considerar la verosimilitud de los delitos cuya existencia se afirma y que justifique, con un mínimo fundamento, la apertura de unas diligencias previas».

En la demanda del Ministerio Público se afirmaba que el 3 de febrero de 2014 se abrieron diligencias informativas para la investigación de los hechos que habrían rodeado la contratación municipal para la adquisición de esculturas para su ubicación en rotondas trazadas en proyectos viarios «pudiendo existir una actividad de comisión por intermediación en la compra y venta entre los artistas y los señores Berberena y José Fermín Serrano». Entre las piezas que estaban bajo sospecha, se encuentran ´Horátholos´, del artista Alfonso Albacete, y ´Froudi´, de Cristóbal Gabarrón.

La jueza en su auto afirma que «no sólo no se ha podido constatar una actuación ilícita que sobrepase las tareas que como galerista de arte o que como responsable de la Gerencia de Urbanismo correspondieran a cada u o los citados, sino que no se ha podido determinar la intermediación de la Gerencia en la mayoría de los proyectos de adquisición de las obras relatadas en el presente oficio». Añade en otro punto del auto que «los escultores cuyas obras han sido adquiridas bien por el Ayuntamiento bien por las empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos emanados del consistorio, son creadores de notable prestigio y renombre, circunstancia que podría justificar su elección para realizar las obras analizadas». En el marco de la investigación auspiciada por el fiscal, fueron detenidos varios altos funcionarios del Ayuntamiento e interrogados por la Policía Nacional.