El ayuntamiento de Murcia niega que la Ley de Aguas ponga en peligro más planes urbanísticos, tras la sentencia del Supremo que anula la reclasificación de los terrenos que ocupa la urbanización Joven Futura. El concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, aseguró ayer que todos los convenios firmados por el Consistorio durante la pasada década están blindados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2001, que es anterior al artículo 25.4 de la citada Ley, por lo que no necesitó el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) exigido a partir de 2005, que también llevó al Supremo a anular el PGOU de Puerto Lumbreras y que ahora se ha llevado por delante a Joven Futura. En la urbanización, que ocupó unos terrenos de huerta situados en Espinardo y que está acabada desde hace años, viven unas 1.500 familias.
El artículo 25.4 de la Ley de Aguas establece que cualquier proyecto urbanístico deberá contar con el informe favorable del organismo de cuenca garantizando la disponibilidad de caudales para atender las necesidades del crecimiento urbanístico. Sin embargo, la modificación del Plan General que permitió la construcción de Joven Futura no iba acompañada de este documento cuando fue aprobada por la consejería de Obras Públicas en 2005. Su titular era en aquel momento Joaquín Bascuñana.
El concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia explicó que la reforma de la Ley de Aguas había entrado en vigor tan solo un día antes de que el entonces consejero de Obras Públicas firmara la orden aprobando definitivamente la reclasificación de terrenos. Recordó igualmente que una modificación urbanística conlleva un proceso largo, que lleva años de tramitación, por lo que no resulta extraño, a su juicio, que fuese aprobada cuando ya había entrado en vigor la reforma legislativa que apareció publicada en el BOE el 24 de junio de 2005.
Navarro Corchón trató de quitar importancia a la sentencia del Supremo y aseguró que el cumplimiento del fallo judicial puede resolverse solicitando a la Confederación el informe omitido hace diez años, dado que en este momento la CHS no tendría ningún problema para garantizar el suministro de caudales a las viviendas de la polémica urbanización.
También el presidente de la Confederación Hidrográfica Segura, Miguel Ángel Ródenas, declaró ayer a la emisora Onda Regional que la anulación obedece a un fallo de carácter «administrativo», que en este momento se resolvería sin ningún contratiempo, dado que han desaparecido las limitaciones con las que tropezaban los ayuntamientos que solicitaban recursos para los nuevos desarrollos urbanísticos.
Navarro Corchón también se mostró convencido de que la Ley de Aguas no es de aplicación en los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento para la construcción de nuevos complejos residenciales durante la pasada década, como el de Nueva Condomina. El edil asegura que estos convenios están incluidos dentro del Plan General aprobado en 2001, por lo que no estarían sujetos a la reforma de Ley de Aguas de 2005, que introdujo la entonces ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, en un claro intento de frenar la burbuja del ladrillo, que acabaría saltando por los aires apenas un par de años después.
El edil reconoció igualmente que tras la negativa de la Confederación a permitir los nuevos complejos urbanísticos había «una falta de voluntad política». Como prueba, apuntó que a partir de 2010, cuando el Ayuntamiento solicitó el informe para acompañar los planes parciales que se tramitaron con posterioridad, la CHS remitía informes favorables «en los que se decía que estaba garantizado el suministro para un millón de habitantes más en el municipio de Murcia». De acuerdo con estos informes, la disponibilidad de caudales de abastecimiento para nuevos planes parciales superaba los 100 hectómetros cúbicos.
