El Ministerio de Interior ha puesto en marcha un plan de respuesta a las actividades ilícitas relacionadas con el material de cobre, con carácter permanente y de aplicación en todo el territorio nacional, con el fin de frenar el robo de este material en España.
En 2014, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 2.308 personas, recuperaron más de 529 toneladas de cobre y cerca de 3.700 kilómetros de hilo de cobre sustraído. Entre las provincias que tienen una mayor incidencia en la demarcación de la Guardia Civil se encuentran Murcia, Valencia, Toledo, Alicante, Madrid, Sevilla y Zaragoza.
Esta nueva respuesta policial incluye una actuación coordinada de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar la aparición o consolidación de organizaciones relacionadas con la apropiación, receptación, comercio o cualquier disposición ilegal de cobre, según informa Interior.
Las medidas de seguridad se intensificarán a través de mecanismos que refuercen el control y el seguimiento administrativo de las distintas fases del cobre, desde su fabricación, comercialización y uso en instalaciones e infraestructuras, hasta el final de su vida útil y su posterior recuperación y reinicio del ciclo. Entre estas medidas se encuentra el censo de industrias, depósitos, redes de distribución, de servicios y otras instalaciones donde se fabrique, procese, utilice o almacene el cobre que es susceptible de ser sustraído y se elaborará un mapa que muestre gráficamente las zonas donde se producen más robos de este material.
Este mapa también identificará los posibles lugares empleados por los delincuentes para la manipulación, almacenaje, ocultación o destino final del cobre robado con especial atención a los pequeños centros ilegales de recogida de chatarra. Otras medidas importantes son la inspección de los centros de gestión de residuos y de los establecimientos de compraventa de metales y el incremento del control de licencias y documentación de estos centros, promoviendo el posible cierre o suspensión de actividades de todos aquellos centros que carezcan de ellos. También se reforzarán los controles preventivos de las unidades policiales de tráfico y circulación de vehículos sobre los transportes por carretera de material de cobre.
En relación con la investigación de los delitos cometidos, se establecerán puntos de contacto permanentes con las principales empresas y organismos que permitan una comunicación fluida y ágil entre éstos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se impulsará la realización de investigaciones patrimoniales. Además, se ampliará la coordinación policial en este ámbito en el marco internacional, a través de Europol, Interpol y, en su caso, Eurojust y otras instituciones de la que España forma parte.
En el marco nacional esta coordinación se llevará a cabo mediante mecanismos que permiten ofrecer una respuesta coordinada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos Policiales autonómicos y de las Corporaciones Locales con competencias en se
