Lorca fue declarado ayer «municipio libre de desahucios» en un pleno en el que la iniciativa del alcalde, Francisco Jódar, del PP, ha sido aprobada por unanimidad al contar con el voto favorable de PSOE, IU-V y Ciudadanos.

Jódar dijo a los periodistas que se trata de una iniciativa «muy importante», ya que no solo se refiere al ámbito de la vivienda, sino también a la preservación para las familias «en situación límite» de servicios básicos como el agua o la electricidad.

El compromiso municipal acordado ayer incluye la «oposición manifiesta» del Consistorio a cualquier desahucio de una casa en la que se encuentren viviendo menores. El Ayuntamiento se compromete además a propiciar el realojo de familias en riesgo de exclusión en el caso de que no se pueda impedir el desahucio.

Los suministros de agua, energía eléctrica y gas son «bienes básicos que deben de seguir siendo garantizados para todas las familias», por lo que el Consistorio colaborará con las administraciones públicas en la implantación de actuaciones para atender situaciones de emergencia en vivienda. El consistorio se compromete además a solicitar a las entidades financieras un censo de viviendas vacías de su propiedad con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que hayan perdido su hogar o que no dispongan de vivienda.

Terrenos para la ronda norte

El pleno también aprobó ayer por unanimidad destinar algo más de 442.000 euros a la expropiación de los terrenos necesarios para construir la ronda de evacuación norte que unirá los barrios altos de la ciudad. Las expropiaciones permitirán que pasen a propiedad municipal los terrenos necesarios para que la Consejería de Fomento pueda ejecutar el cinturón de conexión entre los barrios.

Las propiedades sobre las que se actuarán se adquirirán en el tramo I y II por el procedimiento de tasación conjunta, mientras que en el III se ejecutará por el de ocupación directa, han informado fuentes municipales.

Además, el pleno ha aprobado finalizar el expediente de expropiación por mutuo acuerdo de la finca ubicada en la calle Travesía Puente Gimeno entre los barrios de San Diego y San Cristóbal, calificada como espacio libre y sistema viario y que había sido ocupada de hecho por anteriores gobiernos municipales sin autorización de sus propietarios.