Lo que para más de 600 familias comenzó como un sueño idílico, la compra de una segunda vivienda en una zona privilegiada del Noroeste, y se convirtió en la gran oportunidad de invertir una pequeña cantidad de dinero y poder multiplicarlo por tres, ha terminado como un verdadero calvario en los juzgados de Valencia, donde los ´futuros´ propietarios de las viviendas del resort fantasma Caravaca Nature Golf, que iba a construir la promotora valenciana Llanera, han presentado, de manera escalonada, denuncias contra la empresa por incumplimiento de contrato.
El empresario murciano José Luis Avellaneda, que involucró a su empresa Plantaciones del Sureste en el macroproyecto, prefirió no hacer declaraciones sobre el asunto, pero sí dejó claro que «ése es un tema de Llanera y nosotros somos una víctima más».
Los compradores entregaron entre 3.000 y 15.000 euros por unas viviendas que no se han desarrollado, pero es que ellos tampoco han vuelto a ver el dinero. Estos contratos se realizaron, en su mayoría, en distintas ferias de viviendas a través de una agencia hoy desaparecida que captaba clientes en el extranjero. Estos ocntratos estaban supeditados a la licencia urbanística final que debía de otorgar el ayuntamiento de Caravaca.
La finca, situada en la carretera que une la pedanía de Archivel con la de Campo de San Juan (Moratalla), tiene 350 hectáreas de labor y unas 50 hectáreas de montaña pertenecientes al paraje de La Loma del Medio. Llanera renunció a la compra de la propiedad antes de entrar en concurso de acreedores, todo ello tras un complejo entramado de empresas y venta de participaciones de la propiedad, en donde las sociedades matrices Llanera, Frugalitas SL y Plantaciones del Sureste €propiedad de los hermanos Avellaneda€ formaron una sociedad con el nombre Caravaca Nature Golf.
En la actualidad, la finca, denominada Valbuena, está dedicada al cultivo de brócoli y lechugas y la mercantil encargada de desarrollar el supuesto proyecto urbanístico es Archivel Golf Resort, aunque no existe ningún desarrollo.
El último trámite urbanístico que se llevó a cabo en la propiedad fue en 2008, con la aprobación por parte del pleno del Consistorio caravaqueño del plan para convertir la finca en terreno urbano sectorizado. Sin embargo, para poder construir aún se debe presentar un plan de reparcelación y ejecutar las obras de urbanización, casi una utopía en los tiempos que corren. La finca, eso sí, tiene al día todos sus pagos catastrales.
«La gente está cansada»
El abogado marbellí José Francisco Criado, que representa a la mayoría de los afectados, indicó ayer a este diario que, de los 40 supuestos estafados, únicamente cuatro se han decidido a demandar. «La gente está muy cansada y no cree que el sistema vaya a funcionar en este caso», indicó. Asimismo, el letrado señaló que todos sus clientes son de nacionalidad extranjera y que firmaron el contrato a través de una empresa de captación de clientes de fuera de España. Varios bufetes de Xátiva (Valencia) también llevan casos de compradores que realizaron una aportación económica y no se les ha devuelto su dinero.
El PSOE presentará una moción
El PSOE elevará una moción en el próximo pleno para que el Ayuntamiento se interese por el proceso judicial abierto y que se preste, en su caso, la máxima colaboración a los afectados. «Han continuado con la explotación agrícola intensiva de la finca, pese a que desde de febrero de 2010 tienen concedido por parte de la CHS el cambio de uso del agua del pozo para abastecimiento de la urbanización y uso recreativo, que es incompatible con el agrícola», dice el partido en un comunicado de prensa.
El edil de Urbanismo, Salvador Gómez, declaró que «el Ayuntamiento ha tenido como una de sus máximas el control de los acuíferos del municipio y desde la Confederación Hidrográfica del Segura se realiza un exhaustivo control de los sistemas instalados». Asimismo, afirmó que el Consistorio esta pendiente del caso judicial.
